El debate previo y posterior a la declaración de la caducidad del contrato de la petrolera Occidental está destinado a convertirse en material indispensable de estudio para quienes se interesen en la influencia de las secreciones hepáticas en la política. Las manos crispadas convirtieron durante largo tiempo las pantallas de televisión en cuadros de Kingman con animación propia. El fatalismo y la visión apocalíptica fueron compartidos por defensores y detractores hasta el punto en que cualquier decisión aparecía como vía segura al infierno. Con la caducidad el país se acababa por enfermedad económica, sin caducidad el país desaparecía por heridas mortales a la soberanía. En esas condiciones, el espacio para la reflexión fría se redujo a la mínima expresión y el tema sigue para largo sin abordar sus aspectos fundamentales.
El primero de esos temas básicos es el jurídico. El ruido producido por defensores y detractores no ha dejado escuchar argumentos válidos, contundentes y definitivos en ese campo. Aparte de la facultad legal del Ecuador para declarar la nulidad del contrato, que es el único punto de acuerdo, no hay un criterio único sobre el destino de las instalaciones de la compañía y mucho menos sobre sus inversiones. Según un sector, la ley le permitiría al Estado entrar a operar inmediatamente como si solo se tratara de un reemplazo de administradores; pero según el otro sector, un acto de esta naturaleza se enmarcaría en lo que la Constitución considera como confiscación. Ese es el punto que debe ser aclarado para que el país cuente con sustento sólido en cualquier instancia judicial a la que acuda la compañía. Mientras no se dilucide en su totalidad, no servirán de nada los argumentos patrioteros y cargados de soberanía.
El segundo tema es el económico y administrativo. En este también se ha impuesto la bulla por encima de los argumentos. No existe hasta el momento una pista clara acerca de la modalidad que se utilizará no solo para reemplazar a los técnicos que desarrollan las diversas etapas de la producción petrolera, sino fundamentalmente para mantener los niveles de producción que tenía la petrolera norteamericana. La primera medida, que era prácticamente inevitable, ha sido poner el bloque de producción a cargo de Petroecuador, pero esa parece ser solamente una medida de emergencia y por tanto pasajera. El Gobierno, que se autocalificó de espectador en la última parte del proceso, está obligado a abandonar su actitud pasiva y contemplativa en este asunto.
La lección que deja todo este episodio alude a la poca seriedad con que se tratan los temas de trascendencia y, sobre todo, los resultados inesperados que se producen cuando se los ve a través de prismas que los deforman.
El enfrentamiento entre dos sectores radicalizados, sumado a las indecisiones de las autoridades responsables, configuró un escenario en el que no podía producirse algo positivo. Si se hubiera actuado a tiempo y si se hubieran analizado seriamente los dos aspectos fundamentales, este momento seguramente estaríamos disfrutando de los beneficios del alto precio del barril de petróleo.
