Mediante oficios, el entonces alcalde de Guayaquil (1992-2000), León Febres-Cordero, implementó prohibiciones para los jefes de áreas.

No les permitía tener contacto con los concejales para evitar que estos hicieran “tráfico de influencias” (gestionar obras o cargos). Tampoco dejaba que salieran a almorzar.

LFC apuntaba en libretas espirales las tareas asignadas a cada funcionario; luego las revisaba en cada sesión de trabajo y “tomaba la lección”.

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Fernando Rosero, quien fue concejal roldosista entre 1994 y 1996, y Gustavo Zúñiga, que ocupa la Dirección de Aseo Urbano y Mercados, confirman aquellas disposiciones de LFC. El primero señala que el ex mandatario era autoritario, el segundo afirma que sí era abierto al diálogo.

En el texto, Febres-Cordero sostiene que los contratos municipales fueron manejados con transparencia. “Firmamos más de 4.000 contratos y no nos cuestionaron ni uno. Se cumplió la Ley de Contratación Pública y sus reglamentos hasta con la coma”.

Rosero dice que el ex alcalde no enviaba a sus ediles la documentación sobre los contratos antes de las sesiones de Concejo, lo cual impedía que acudieran informados.
Como concejal, él criticó los precios de ciertas obras.