La libertad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Constituye uno de esos derechos que no deberían requerir ser reconocidos por ninguna persona pública ni privada para su completa vigencia.
Pero parece que de eso nos olvidamos con facilidad y le permitimos a quienes dicen ostentar cargos públicos que amenacen y pretendan asustarnos con la pena de cárcel si no aceptamos ciertas atrocidades. Nos obligan a calificar sus actos como regidos a la Constitución, aun a pesar de que especialistas afirman lo contrario, aun a pesar de las exhortaciones que han hecho organismos internacionales para que el Ecuador vuelva a ser un Estado social de Derecho; y aun a pesar de que las violaciones constitucionales son tan obvias y burdas. Esta clase de coerción es propia de los poderes ilegítimos que provocan ser déspotas a quienes aspiran a ejercer una autoridad de tal naturaleza, que los hace olvidar que antes de ser gobernantes, son ciudadanos de una patria forjada con el trabajo de hombres y mujeres destinados a escribir la historia y asignarles el puesto que merecen en ella.
No pierden oportunidad para decir que no existe clausura a medio de comunicación alguno, ya que son expertos en salvaguardar la libertad de expresión y justifican sus agresiones al autobautizarse víctimas de la oposición.
Exigen que embajadas de países democráticos respeten la soberanía nacional y echan al desinterés los comunicados de Naciones Unidas en los que exigen explicaciones sobre los últimos acontecimientos. Sin embargo, a la hora de hacernos presentes en organismos internacionales, como el caso del Tribunal Andino de Justicia, designan, para colmo de los colmos, al que sabemos.
Intimidan solapadamente para que guardemos silencio y seamos cómplices del caos jurídico que nos llevará a más inseguridad y a profundizar la miseria.
Embriagados por la venganza y por convenientes pactos, aspiran a perpetuarse en el poder poniéndonos la mordaza para que callados contemplemos cómo abren la brechas entre ricos y pobres con sus discursos populistas que dicen reivindicar el orden social.
La libertad no se vende, porque es digna, aguerrida y solo nuestra. Ni tampoco puede ser cautiva de pretensiones perversas. Ser libres implica asumir la responsabilidad de respetar el orden constitucional, los derechos humanos y el orden internacional vigente que vigila la democracia. Ser libres significa agotar los canales, sean nacionales o foráneos, que nos devuelvan la tranquilidad a quienes creemos en la democracia como único camino para el desarrollo de los pueblos.
Ser libres es sinónimo de ser verdaderos ciudadanos y tal como lo dispone una de las más importantes innovaciones que nos trajo la Constitución Política de 1998, pues en ella se consagró como uno de los deberes y responsabilidades de los ciudadanos, significa “acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente...” (artículo 97). ¿Estarán conscientes las autoridades públicas de lo esencial que es la legitimidad para la democracia?
