Un trabajo de jóvenes, con el auspicio de la fundación Esquel, ha dado forma al programa que han denominado “La ruptura de los 25”, que hace relación al cuarto de siglo de supuesta democracia formal. En la óptica de ellos, el juzgamiento es negativo con la pregunta eje “¿quién jodió al Ecuador?”.

En las entrevistas y los comentarios se han mencionado nombres y apellidos, también hay tachas a la clase política y algunos ubican la responsabilidad en el colectivo social. No soy perseguidor, protector o encubridor de persona alguna, por eso me abstengo de singularizar a persona alguna, cada lector sabrá hacerlo.

Prefiero entrar al tema de la gobernabilidad, en que veo la fuente de la crisis ética del poder, en torno de todo lo que sucede.

Siempre ha habido sesgos políticos en las funciones del Estado, pero no con la aguda subordinación de los que aparecen en la escena, como actores, respecto a quienes ejercen el poder real.

Los sesgos de tiempos anteriores posiblemente más respondían a posiciones ideológicas, siendo las tradicionales las de los tres partidos matrices: Conservador, Liberal y Socialista, con predominio del segundo, aun cuando esto lo desgastó. Velasco Ibarra, de inicio se apoya en la derecha ideológica, pero también abrió espacios a otros actores, sobre todo en la Costa. El populismo cefepista, con Guevara Moreno, luego con Assad Bucaram, pasó a ser la primera fuerza política en el Litoral, sin que haya logrado tender la red de poder de otros partidos. Hubo negociados en esas épocas y, como ahora, también encubrimientos. Calumniadores nunca han faltado.

En el cuarto de siglo último, los botines políticos han marcado la supuesta gobernabilidad. Aduanas, telefónicas, eléctricas, negocios vinculados con el petróleo, ahora último se ha mencionado al Servicio de Rentas Internas, el Parque Nacional Galápagos y hasta la dirección de Propiedad Intelectual, que han hecho perder importancia al “hombre del maletín”, aun cuando este subsiste, a pesar de que formalmente no hay gastos reservados. La paradoja de gobernantes confesos que reconocen precios van desde los contratos colectivos denunciados por Dahik, que llevó a su destitución, hasta las denuncias de Renán Borbúa y de Gilmar Gutiérrez de cómo se dieron nombramientos y tratos preferenciales –¿será cierto?– a los vinculados a un partido del que ahora se ha distanciado el Gobierno.

El acuerdo político entre el Dr. Velasco Ibarra, el Partido Liberal y el CFP, en 1968, bautizado por los opositores como el “pacto mordoré”, fue encima de la mesa. Intervinieron, entre otros, el propio Velasco, Raúl Clemente Huerta y Assad Bucaram.

Hoy los acuerdos son negados por las partes, aun cuando son evidentes; relaciones vergonzantes demostrables en los comportamientos y en los beneficiarios, por eso en la visión colectiva aparecen cuestionables.

Llegar al poder formal conlleva obligaciones, aun cuando también llena la vanidad de algunos, pero hay quienes descubrieron la fórmula del poder real, que se ejerce sin dar la cara, da réditos sin responsabilidades, hasta se puede ser crítico para hacer aparecer contradicciones y distancia, porque entonces la reconciliación conlleva más recompensa.