Fabián Alarcón fue absuelto en el caso Andrade Gutiérrez

El ex mandatario interino, Fabián Alarcón, y su ex ministro de Finanzas, Marco Flores, no deberán devolver al Estado parte de los 23,4 millones de dólares que, según la Contraloría, se pagó en forma indebida a la compañía Andrade Gutiérrez, por obras de fiscalización en la construcción de la carretera Méndez-Morona.

Según la Contraloría, los recursos fueron entregados en julio de 1998, en los últimos días del gobierno de Alarcón, lo que constituyó un “clarísimo abuso y disposición arbitraria de recursos públicos”.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una sentencia absolutoria, respecto de la responsabilidad civil que enfrentaba Alarcón para la restitución al fisco del dinero.

Esa responsabilidad fue aprobada por la Contraloría, tras el examen especial que efectuó al proceso de pago y reliquidación del contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la Andrade Gutiérrez para la construcción de la vía Méndez Morona, del 14 de diciembre de 1995 y el 31 de julio de 1999.

La sentencia para Alarcón se emitió hace quince días. El fallo fue unánime y está suscrito por los tres ministros de la Primera Sala.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso también declaró la ilegalidad de los actos por los cuales la Contraloría estableció la responsabilidad solidaria del ex ministro Flores, por el pago de los 23,4 millones.

En la sentencia, emitida el 30 de septiembre, la Sala considera que la Contraloría no tiene atribución para determinar la responsabilidad civil de Flores, en razón de que este suscribió el convenio de pago a la constructora cuando era ministro. Por tanto, estaba sujeto a juzgamiento del Congreso a través de un juicio político.

En este caso, la Contraloría, sostiene la sentencia, debía limitarse a informar de los hechos al Presidente de la República y al Parlamento.

Por ello, el contralor encargado, Genaro Peña, solicitó una aclaración de la sentencia, ya que a su criterio el organismo de control que dirige es competente para determinar responsabilidades.

Peña aclaró que el Congreso, legal y constitucionalmente, tiene la atribución de juzgar políticamente a los ministros de Estado hasta un año después de que concluyan el cargo.

Al igual que Alarcón y Flores, también los ex procuradores Milton Álava y Jaime del Pozo y el ex ministro de Obras Públicas, Homero Torres, fueron mencionados por la Contraloría como responsables subsidiarios para la restitución de los recursos; mientras la compañía Andrade Gutiérrez y su representante legal y apoderado como responsables principales.

JUICIO

Proceso
En el juicio penal que se tramitó por este mismo caso, el ex presidente de la CSJ, Galo Pico, en su último día de gestión (8 de enero del 2002) sobreseyó en forma definitiva al ex mandatario y al resto de imputados.

Fiscal
La resolución de Pico acogió el dictamen absolutorio que emitió la fiscal general, Mariana Yépez.