Todo lo humano no solo es imperfecto sino que puede degenerar. Aristóteles, al estudiar las formas básicas de gobierno (de uno: la monarquía; de pocos: la aristocracia; y de muchos: la democracia), advirtió sobre los extremos de degeneración de cada una de ellas. Así, de la monarquía, la tiranía; de la aristocracia, la oligarquía; y de la democracia, la demagogia.
Recuerdo lo anterior porque es muy grave para nuestra incipiente democracia tolerar y, peor aún, secundar –consciente o inconscientemente, abierta o solapadamente–, actos demagógicos e inconstitucionales, como el que realizó el Congreso Nacional con la expedición y arbitraria promulgación de una ley dizque interpretativa, pero en realidad reformatoria del artículo 113 del Código del Trabajo, en relación con la base de cálculo del mal llamado bono escolar.
La demagogia entraña un abuso con agravantes: se abusa con halagos –que son fuegos fatuos o pan para hoy y hambre para mañana– de los sentimientos y las necesidades elementales de los ciudadanos, con un fin protervo: alcanzar, mediante hipnosis, el favor popular y así conseguir o mantener los demagogos el poder. Para esto no les importa los daños de todo orden, no solo políticos sino también jurídicos, económicos, sociales y culturales que puedan provocar.
La violación constitucional en que incurrió una mayoría coyuntural de diputados, como lo resolvió el Tribunal Constitucional, contraría normas claras y expresas de la Constitución, que impiden a los diputados, por sí y ante sí, reformar leyes y aumentar el gasto público. Violación tan impúdica como la que se aprestan a cometer ahora contra norma expresa (artículo 275 de la Constitución), llamando a juicio político a los miembros de ese Tribunal que esta vez (¡aunque sea alguna vez!) tuvieron la entereza de emitir un fallo sin duda impopular, pero al que estaban obligados de acuerdo con su ciencia y su conciencia como jueces de derecho.
No hago de esto una cuestión a favor o en contra de determinados partidos. Si lo hiciera incurriría en hipocresía y politiquería, porque unos ayer, otros hoy, unos y otros mañana, han incurrido o incurrirán, lamentablemente, en demagogia.
De momento observemos cómo sigue el baile en torno a la decimocuarta remuneración. Todos quieren ser promotores de su afianzamiento y aumento constitucional y legal, incluso los que también promueven la unificación salarial como política de Estado. Al respecto no afirmo sino que pregunto. ¿Se compadecen los aumentos en los llamados “décimos” con la unificación paulatina de la remuneración del trabajador? ¿Le conviene al trabajador que su remuneración se unifique o que se disperse en los “décimos”, cuyo valor no se toma en cuenta para calcular sus indemnizaciones, ni sus vacaciones, ni para los fines de su seguridad social?
¿Qué conviene más al progreso económico y social, al bien común, también de los que no son trabajadores formales? Podría hacer más preguntas, pero se acaba el espacio. Contestémoslas reflexivamente y sin demagogia.
