Quien da pronto da dos veces, dice un refrán popular. Y esto debe cumplirse en la actual emergencia nacional. En ella, el retraso en atenderla aumenta la gravedad de la crisis. Para casos así, el pueblo aplica los calificativos de “tarde, mal y nunca”, que reflejan su impotencia y amargura ante la ineficacia del Estado.
Día tras día, los medios de comunicación presentan un tremendo mural que bien podría llamarse La edad de la ira, como la serie de cuadros pintada por Oswaldo Guayasamín. Aparecen en él los incontables hombres, mujeres y niños cuyas casas fueron y son demolidas por la incontrolable naturaleza; los puentes arrastrados por los ríos; las carreteras cortadas cual si fueran de queso; las familias privadas de sus tierras y transformadas de campesinas en pordioseras. Y pare de contar, porque estas imágenes constituyen el pan cotidiano. Sume, solamente de pasada, los centenares de hambreados que pugnan por alimentos; los enfermos que requieren medicinas; los cultivos vueltos polvo y ceniza, y un etcétera largo.
Fue tan grande el clamor popular y es tan persistente el pedido de la prensa y de organismos públicos y privados, que el Gobierno declaró en emergencia las provincias que viven su Viernes de Pasión.
Refiriéndose a Estado de Emergencia, dice Alejandro Román en su diccionario Política. 650 definiciones al alcance de todos: “Situación de crisis extrema que afecta todos los órdenes de la vida del Estado, ante la cual la Constitución confiere al jefe de gobierno la facultad de asumir temporalmente algunas atribuciones propias de otras funciones y órganos del Estado, suspender provisionalmente los derechos constitucionales individuales y colectivos y adoptar medidas extraordinarias sin sujetarse a los trámites jurídicos ordinarios, mientras dure la emergencia que motivó su declaratoria”.
Al clamor de las víctimas del invierno se han unido varias autoridades municipales y provinciales de las zonas declaradas en emergencia por decreto del vicepresidente de la República: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Cotopaxi, Bolívar, Loja, Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos.
La protesta y el rechazo de tales autoridades son frontales. Los cinco ministerios encargados de la rehabilitación no están cumpliendo oportuna y eficientemente lo que ordena el decreto de emergencia: “...en lo que a cada cual le correspondiere, asumen (los ministerios) el financiamiento y la ejecución inmediata de los trabajos y servicios que fueren indispensables para contrarrestar los daños materiales ocasionados, afrontar la emergencia sanitaria y restablecer los servicios básicos afectados”. Resulta difícil explicarse la actitud lenta y vacilante, contradictoria incluso, de la comisión interministerial encargada de aplicar las medidas emergentes. ¿No será que hace falta la presencia del capitán del buque –el Presidente de la República– para llevarlo firme y decididamente a destino? El botellero no quita ni pone rey. Solo formula una pregunta muy sincera.
