El Gobierno y un grupo de legisladores afines presentaron este 2 de mayo ante la Fiscalía General del Estado una notitia criminis en la que le piden investigar el contrato de provisión de la alimentación a las cárceles del país que por más de una década ha estado en manos de la empresa La Fattoria, la cual suspendió hace pocos días el servicio por falta de pagos.

La flamante Secretaría de Integridad Pública señala que un informe reservado del Centro de Inteligencia Estratégica detectó supuestos nexos de dicha compañía con grupos delictivos que mantenían el control de los centros carcelarios y provocaron motines y masacres.

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Además de promover estas investigaciones, que son de alta importancia, el régimen debe marcar con urgencia la redefinición de la política carcelaria, de tal forma que se engrane con los esfuerzos que lleva adelante con los policías y militares en el combate al crimen organizado.

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En los últimos tres años se han hecho públicos al menos cuatro informes locales e internacionales sobre la situación de los centros de privación de libertad que plantean algunas recomendaciones en ese sentido que bien podrían considerarse.

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Hablan, por ejemplo, de buscar la manera de fortalecer la institucionalidad encargada del área, ya sea reestructurando o eliminando el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); de una clasificación técnica de los presos en función de sus niveles de peligrosidad, y no de las bandas a las que pertenecen; de inversión gubernamental para ampliar el espacio físico en las cárceles; la implementación de programas de reinserción social que ofrezca oportunidades a los que salen en libertad; y una selección cuidadosa de las autoridades y guías penitenciarios.

No es una tarea sencilla ya que los grupos delincuenciales se han tomado estas instituciones. Pero si el presidente Daniel Noboa quiere ser efectivo en la lucha contra la inseguridad no puede ni debe descuidar este aspecto. (O)