“Candidatizar a Salcedo a asambleísta del Guayas es aceptar la complicidad con él”, tuiteó Martha Roldós en días pasados. Este comentario alude a la viveza criolla de ciertos sujetos en nuestro país que, tratando de evadir la justicia, pretenden candidatizarse para ganar algún cargo de elección popular para adquirir inmunidad por un tiempo. Y para eso sirve tener un partido o movimiento político, y cuando no, cómplices que le faciliten el suyo.

La fiscal general, Diana Salazar, al presentar sus observaciones a la Ley de Extinción de Dominio que se debate en la Asamblea, dijo acertadamente que la privación de libertad ya no es suficiente para combatir la delincuencia organizada, pues las redes siguen funcionando porque los miembros capturados son rápidamente reemplazados. Es lo que ocurre en el caso de compras con indicios de corrupción en los hospitales públicos, en los que ha habido nuevos allanamientos porque se siguen dando alertas de irregularidades en contratos.

Combatir la corrupción no es fácil; mientras se persiguen cabezas visibles, hay un mecanismo que sigue funcionando para entorpecer las pesquisas y lubricar nuevas bisagras. Incluso, si un pez mediano es sentenciado y cumple unos cuantos años de prisión pregonando que es ‘perseguido político’ si no alcanzó a fugarse, él y los suyos conservan lo obtenido con sus fechorías porque hábilmente lograron camuflar los bienes.

Para desincentivar esas prácticas que permean el sistema en complicidad con políticos inescrupulosos es necesario que el Estado, a través de una vía judicial, pueda perseguir los bienes de origen o destino ilícitos, declarando la pérdida del derecho de propiedad de los recursos del crimen organizado; así se elimina el objeto que estimula el cometimiento del delito y se desarticulan sus redes, con un beneficio social inmediato no solo en lo relativo a la moral, sino también para fines prácticos que implican la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.

El proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado es una oportunidad de oro que no se debe desaprovechar; debe ser elaborada de manera idónea para favorecer su aplicabilidad y evitar vaguedades o vacíos que la entorpezcan.

Salazar le hizo conocer a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea que la Fiscalía no cuenta con el presupuesto necesario para cumplir de forma inmediata con la creación de las unidades especializadas en extinción de dominio. Explicó que los estándares mundiales indican tener doce agentes fiscales por cada cien mil habitantes y para la región se sugiere que sean al menos ocho, pero que en Ecuador contamos con una tasa de 4,9 agentes. Se debe cerrar esa brecha para luego crear las unidades especializadas, pero se requieren tiempo y recursos para su implementación, lo que debe ser solucionado con la ley. Otra observación al proyecto de ley es la ampliación del plazo para la investigación.

De lograrse una ley óptima, la mayor preocupación para autores, cómplices y encubridores de prácticas corruptas y delincuencia organizada no será evadir la cárcel, sino perder lo mal habido. (O)