El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, emitió un decreto que autoriza el porte de armas para determinadas categorías, como una medida para garantizar la seguridad de la población. La decisión fue muy criticada por algunas instituciones y por ciudadanos que consideraron que facilitaba que cualquier persona adquiriera un arma. Otros presentaron al Supremo Tribunal Federal una demanda de inconstitucionalidad.

Las protestas tuvieron suficiente fuerza y obligaron a Bolsonaro a rectificar y vetó “expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles (fusiles, carabinas, escopetas)” al ciudadano común, quien solo podrá portar armas de menor calibre, llamadas “de porte”.

La ciudadanía comprendió el riesgo que significaba el uso de ese tipo de armas y los riesgos para las vidas individuales y para la seguridad colectiva, y aunque no se rectificó totalmente la decisión que era la aceptación de la violencia en la vida comunitaria, dio una lección: cuando los ciudadanos se expresan oportunamente con fuerza y energía respecto a algo que consideran lesivo y peligroso, los gobiernos por fuertes que se sientan o parezcan ser, se ven obligados a rectificar si quieren permanecer en una sociedad democrática.(O)