Dicen que uno se acuerda de lo importante que son el oxígeno y el respirar solo cuando se está ahogando y esto sucede también con los derechos, pues nuestra memoria cortoplacista y perspectiva sesgada hace que olvidemos en poco tiempo las estructuras de represión y peor aún, que las justifiquemos y defendamos cuando esas violaciones se generan hacia grupos que no son de nuestra simpatía. Es entonces cuando con mucha vergüenza debemos reconocer que como sociedad no hemos aprendido nada.

En el 2007 se produce no solo un cambio de gobierno, sino el inicio del periodo político más largo de nuestra historia, al menos desde el retorno a la democracia en 1979. Luego de una sucesión de gobiernos fallidos y de otros tantos transitorios, apareció el correísmo como una luz de esperanza, en medio de un electorado harto del abuso y reparto de troncha de una partidocracia corrupta y desgastada. Sus primeras acciones ratificaron la ilusión de un nuevo entorno político, que haga posible una mejor ejecución y protección de derechos. Envueltos en un halo que entremezclaba academia y juventud, un nuevo grupo de tecnócratas ocupó cada espacio de la burocracia.

Los primeros pasos en materia de derechos humanos no pudieron ser más auspiciosos. Así, a la propuesta de una nueva Constitución claramente progresiva en derechos, le sucedieron otras como la reforma al marco penal y procesal penal, el incremento y fijación de una tabla de pensiones alimenticias o la emisión de una tabla de porte de sustancias prohibidas que haga posible la diferenciación entre narcotraficante y consumidor, entre otras. Todas estas acciones fueron en su momento criticadas por los sectores más reaccionarios de la oposición al correísmo, para quienes solo era aceptable el volver al esquema anterior, claramente violatorio de derechos. Una posición así fue fácilmente anulada por Correa y su equipo, con un discurso mucho más garantista que el de aquellos que pretendían enfrentarles.

Los años pasaron y la línea de gobierno correísta se endureció y mucho, al punto que al final se convirtió en una negación de sí mismo, asumiendo casi sin reservas el discurso punitivista y negador de derechos con el que desde las derechas se les pretendió enfrentar al principio de su gestión. Reformaron la Constitución por vía de consulta popular y enmiendas posteriores, reduciendo derechos, a tal punto que incluso lograron la eliminación del carácter excepcional de la prisión preventiva. Modificaron la tabla de porte de sustancias prohibidas, tornándola prácticamente en inservible y en materia de derechos de género, sancionaron a sus propias legisladoras, entre ellas la recién elegida prefecta de Pichincha, por apenas osar poner en lista de discusión una eventual despenalización del aborto cometido por víctima de violación, además de presentar un vergonzoso proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en el que entre otras perlas se establece la posibilidad de custodia compartida ordenada por juez o la obligación del padre custodio, casi en el total de los casos la madre, de presentar mes a mes las cuentas de los gastos que ha realizado con la pensión alimenticia que recibe por sus hijos, en un país en el que la enorme mayoría de padres alimentantes paga pensiones de risa y en el que alrededor del 70% de los obligados, se encuentra en mora de dos o más pensiones.

Por supuesto quienes hemos hecho de la defensa de derechos nuestra misión de vida pusimos el grito a los cielos y protestamos por el evidente retroceso que todas estas reformas y acciones de gobierno representaban. Es en este escenario que se producen las elecciones del 2017, con un apretado triunfo de Lenín Moreno y la transición posterior, que ha devenido en que el correísmo pase de socio a furioso opositor de este gobierno.

Se logró una recuperación innegable de estándares democráticos, la estructuración de una nueva institucionalidad mucho mejor que la anterior, totalmente controlada por y dependiente del correísmo, entre otros logros que no pueden ser soslayados. Paralelamente, vemos con preocupación la reaparición de viejos discursos de negación de derechos humanos, punitivismos caducos que vuelven a mostrar su feo rostro, aupados por políticos de todos los sectores que ven en el populismo penal una tabla de salvación que les permita reflotar su desgastada imagen. Nuestra Asamblea no se pone de acuerdo en nada, pero en una inédita votación producida en esta semana votó por unanimidad el solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas se seguridad ciudadana, aun cuando saben perfectamente que esto ha sido expresamente proscrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón de constituir el entorno ideal para la violación de derechos. En fin, acciones de quienes anteriormente criticaban lo mismo al correísmo, que nos llevan a pensar nuevamente que no hemos aprendido nada. (O)

Nuestra Asamblea no se pone de acuerdo en nada, pero en una inédita votación producida en esta semana, votó por unanimidad el solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ciudadana, aún cuando saben perfectamente que esto ha sido expresamente proscrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos....