Sí, pero…

Jueves, 12 de Octubre, 2017 - 00h00
12 Oct 2017

Más allá de otra de las pobrezas conceptuales de Montecristi, una consulta popular es un mecanismo de democracia directa que comprende a dos figuras, las que examinadas desde sus resultados podrían definirse así. El referéndum entendido como la decisión popular acerca de un texto normativo consultado, sea constitucional o legal, que una vez aprobado, se integra sin alteración a las facultades y obligaciones que regulan las relaciones sociales. El plebiscito entendido como la decisión popular acerca de un criterio de gobernabilidad o de desarrollo que debe será acatado por la autoridad sea mediante la expedición de una norma o la ejecución de una política pública. Estos mecanismos son complementarios de la delegación democrática, es decir, cooperan circunstancial y decisivamente con las decisiones que el mandante, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, ha encargado a sus representantes, modo fundamental de la democracia contemporánea.

La decisión política mediante plebiscito fue un mecanismo usual de las comunidades pequeñas y de poca complejidad. Conforme las sociedades crecieron y se complejizaron se requirió de un mecanismo de delegación para las decisiones. No se podía tomarlas en asamblea por el tamaño de la comunidad y por la naturaleza de los temas. Pero los mecanismos de delegación funcionan con limitaciones. Como toda creación humana. Entonces, en situaciones límite, el sistema político asume la necesidad de consultar directamente a los ciudadanos, dejando por momentos y por temas en suspenso a los mecanismos de la delegación. Esos mecanismos vuelven a funcionar cuando existe un veredicto popular, sea bajo la forma de ley o de criterio. Siendo que ha sido convocada la soberanía popular, no se puede atropellar esas sentencias de las urnas, ni en su convocatoria –cambiando las preguntas– ni en su resultado desobedeciendo al pueblo.

En nuestro proceso de democratización hemos tenido de todo. A veces las circunstancias y otras veces la clase política han encontrado maneras de soslayar el carácter complementario de la forma directa de la democracia –casuística– a la forma delegada –necesaria–. O de mantenerse en el límite. La realidad y las instituciones tienen muchos recovecos. Nuestro paso hacia la democracia se hizo mediante un referéndum en que se consultaron cuerpos constitucionales enteros. Otras veces se apeló a preguntas irrelevantes para adecuar la gestión de gobierno. O abiertamente se manipuló la voluntad popular para producir aceptación de instituciones de estímulo al autoritarismo. Además, los temas consultados, que inicialmente fueron institucionales pronto derivaron hacia temas de desarrollo. Y se abrió una etapa de manipulaciones plebiscitarias, que no excluyeron preguntas inocuas cuando no inapropiadas que evadían las responsabilidades de los mandatarios. También hubo búsquedas de legitimación de autoridades y procesos.

Ahora se viene una consulta popular en nuestro Ecuador. Como ciudadano asumo la responsabilidad de apoyarla. Ante la posibilidad de cambio político para transitar hacia la democracia. El autoritarismo y la corrupción marcaron a la década pasada estimulados por varias instituciones que es preciso reformar. Sin pudor, hay que apoyar esta iniciativa porque marca una diferencia con el correísmo, pese a que el camino para iniciar la democratización está aún por construir. Los modelos político y económico deben rediseñarse.

Las preguntas son señales diversas de la voluntad del Ejecutivo. La prohibición de reelección indefinida del presidente de la República –institución impuesta para perpetuar los componentes mafiosos del Estado– debe apoyarse frontalmente para iniciar el desmontaje del clientelismo de la década pasada, junto con la profundización de sanciones a los delitos contra la corrupción pública.

También debo expresar mi apoyo sin reservas a la protección del derecho de niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales.

Sin embargo, y sin abandonar una posición de apoyo, manifiesto reservas con la pregunta acerca del Consejo de Participación Ciudadana. La mayor parte de funciones y atribuciones de esa institución, cuya concepción y diseño considero esencialmente nocivos, debe volver hacia sus cauces naturales, al punto de residencia de la soberanía popular. El problema central no son solamente sus operadores. El defecto matriz no se subsana con un Consejo de Transición, que además de ratificar el diseño caduco se asienta en una extrema discrecionalidad en su origen en el Ejecutivo y en sus atribuciones; y, tampoco con una elección popular directa, que trae todos los defectos de clientelismo tal como se lo ha observado en otras experiencias en la región para la elección de jueces.

(Tengo también un profundo malestar porque la consulta evita la opinión del pueblo acerca de la dependencia del sistema judicial al Ejecutivo, tema que debilita a la democracia, la contamina de autoritarismo).

(Tengo también un profundo malestar porque la consulta evita la opinión del pueblo acerca de la dependencia del sistema judicial al Ejecutivo, tema que debilita a la democracia, la contamina de autoritarismo).

Las preguntas relativas a temas económicos deben ser leídas desde su referencia directa y lo que indirectamente faculta. La Ley de Plusvalía, las limitaciones a la minería metálica y las nuevas disposiciones respecto de la minería no metálica dan muestras del modelo económico al que apunta el Gobierno y las limitaciones que se plantea.

La consulta puede permitir que se reformule el eje de conflictos. La apelación al veredicto popular puede desplazar las contradicciones desde el interior de Acuerdo País hacia la sociedad, en la que se diriman posiciones entre las fuerzas democráticas proclives a iniciar un franco proceso de democratización y sus adversarios. Esto implica obviamente todos los temas de la agenda, incluyendo a la corrupción y la economía.

Pero aún debe ser superada la primera etapa, el control de constitucionalidad. Ese control, que debe sujetarse a la razón democrática histórica y a la razón constitucional, está obligado a evitar las manipulaciones. Esto es, distorsiones de los conceptos como las que se vio obligada a hacer en el pasado y correcciones de “modulación” inapropiadas cuando está en juego la soberanía popular. Debe pronunciarse ateniéndose a las estrictas disposiciones constitucionales como tribunal jurídico-político que es.

Mi voto positivo para todas las preguntas de la consulta popular. (O)

Sí, pero…
Más allá de otra de las pobrezas conceptuales de Montecristi, una consulta popular es un mecanismo de democracia directa que comprende a dos figuras, las que examinadas desde sus resultados podrían definirse así.
2017-10-12T00:00:15-05:00
El Universo

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