En el Perú apuestan a la Contraloría General de la República para lograr la ansiada transparencia en las contrataciones del sector público. Se la considera necesaria para la reactivación económica del país.

Acá también aplica esa solución de continuidad, en tanto en cuanto nuestra Contraloría General actúe con probidad, eficacia y coherencia con el rol que le corresponde como fiscalizadora de los recursos dinerarios del Estado. Por ello debería devolvérsele la facultad para examinar las gestiones de los funcionarios públicos, que le fue eliminada a propuesta del expresidente Correa.

El país debería saber que a mayor grado de transparencia, más competitividad en el sector privado y crecimiento económico. El primer beneficio se manifestará en ahorro y eficiencia del gasto público.

Por eso debo recordar el ofrecimiento del presidente el pasado 6 de agosto, al final del cambio de guardia en Carondelet (Lenín Moreno: Nadie evitará que en Ecuador se implante la transparencia. EL UNIVERSO 7 de agosto, 2017). Sobre todo cuando se ha detectado que los contratos “a dedo”, además de encarecer las adquisiciones de bienes y servicios en el sector público, han causado la proliferación de delitos de peculado, cohecho, concusión, lavado de activos; además de la evasión tributaria, porque el dinero de esas actividades en gran medida salió de las fronteras, facilitando así la impunidad.

Hasta ahora, las nefastas consecuencias de los contratos asignados discrecionalmente –con descomunales sobreprecios– comprometen el sector petrolero, pero se me ha informado que en la contratación de seguros en empresas e instituciones del Estado también habría escandalosos sobreprecios. En buena medida por el impedimento a las empresas de seguros privadas para que oferten. Y esto ocurre a pesar del mandato del artículo 74 de la Ley General de Seguros, que dispone la contratación de seguros en el sector público, previo un concurso de ofertas entre empresas de seguros constituidas y establecidas legalmente en el país. La ley también dispone que las condiciones de las pólizas y las tarifas deben ser el resultado de la libre competencia (art. 75). Lo indicado sin duda fomenta la competitividad, pero en la práctica no se estaría dando.

Para darle un cierto viso de legalidad a la adjudicación forzada de los contratos de seguros, a favor de una compañía aseguradora que controla el Ejecutivo, se estaría aplicando un Régimen Especial de Contratos entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias. El caso es que dicha compañía de seguros –como todas las compañías de seguros privadas–, cuando se trata de asegurar aviones, barcos, centrales hidroeléctricas, complejos industriales y otros bienes de cuantioso valor que superan su capacidad para cubrir esos riesgos, deben subcontratar un reaseguro con poderosas reaseguradoras internacionales, a través de un bróker internacional. Sin embargo, la referida compañía controlada por el Estado utilizaría un bróker adicional “intermedio”, que cobraría una comisión de cobróker y quien además sería el “distribuidor” de los valores que se quedan en el exterior.

Por lo expresado, la Contraloría General del Estado, dentro de los exámenes a estos contratos de reaseguro, debería exigir a la aseguradora del Estado que le justifique el costo facturado por la reaseguradora y no únicamente por el cobróker intermediario. Como dice el presidente Moreno, nadie debería impedir la transparencia. (O)