A diez años de la Constitución de Montecristi, estamos oyendo nuevamente los cantos de sirena que nos conducen a una consulta popular o a una nueva Asamblea Constituyente. Lanzar al país a una nueva aventura constituyente sería igual de arriesgado y costoso que en 2008. Sin perjuicio de que se realice una consulta popular para desmontar el autoritarismo, el presidente Moreno debería utilizar los amplios poderes que heredó de Correa para empoderar a la sociedad civil.

El presidente puede y debe hacer uso de sus facultades para proveer un alivio a la economía lo más pronto posible. No podemos seguir cargando con un Estado obeso que le succiona liquidez y crédito al resto de la economía, que ciertamente los utilizaría de manera más productiva. Consideremos todo lo que Moreno puede hacer, mientras se desarrolla una consulta popular y la justicia continúa procesando los escándalos de corrupción.

El país necesita una reducción tributaria que no requiere de acción alguna por parte de la Asamblea y en caso de ser necesaria, sería políticamente costoso para los asambleístas que se opongan a ella. Por ejemplo, el presidente podría reducir el impuesto a la salida de divisas al 0,5% con que se inició. También podría reformar el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno vía decreto ejecutivo, por ejemplo, ampliando aquellos gastos que pueden ser deducidos del pago de impuestos, reduciendo así la carga tributaria efectiva. Respecto del anticipo del impuesto sobre la renta, el presidente sí requiere de la Asamblea, pero le podría enviar un proyecto de ley de carácter económico urgente que proponga la eliminación de dicho impuesto mínimo. Los asambleístas que se opongan u obstaculicen esta ley cargarían con un costo político considerable. Y si desea evitar totalmente a la Asamblea por esta cuestión, el presidente podría reformar el reglamento para que por lo menos sea más factible recuperar ese anticipo.

El presidente también podría emprender una liberalización comercial unilateral para inyectar un shock de confianza al sector comercial de la economía, muy golpeado durante la última década. Esto incluiría dar retro en las barreras no arancelarias creadas por el INEN que la Cámara de Comercio de Guayaquil ha denominado adecuadamente como “tramitología INENficiente”.

Asimismo, podría eliminar las disposiciones que obligan a repatriar los fondos de la banca, cosa anacrónica en un país dolarizado donde no importa dónde estén las reservas, siempre y cuando estén seguras y puedan ser libremente transferidas con el clic de un mouse. Esto, más el reemplazo de los principales funcionarios del frente económico, inyectaría un shock de confianza al sector financiero.

El presidente también puede adoptar la metodología del presupuesto base cero: esto es, que cada entidad estatal tenga que justificar cada dólar que pretende gastar el siguiente año y no como ha sido usual en nuestra administración pública, partiendo desde el monto gastado el año anterior. De esta manera, algunas entidades estatales podrían seguir existiendo como cascarones vacíos.

Finalmente, el presidente puede modificar un sinnúmero de reglamentos vía decreto ejecutivo que derivarían en importantes cambios. ¿Qué espera? La luna de miel con la opinión pública es efímera y frágil dada la crisis fiscal. (O)