Al momento que escribo esta columna, parecería un hecho la elección de miembros de la Asamblea Constituyente en Venezuela, del próximo domingo 30 de julio. Todo indica que Maduro no ha escuchado los múltiples pedidos internos y externos de suspender el acto electoral. Como se conoce, fue él el impulsor, saltándose el referéndum que impone la Constitución de ese país. El mecanismo comicial diseñado por el oficialismo le asegura control total en la Asamblea para cambiar la Constitución, con los objetivos no confesados por el mandatario. Solo ha anticipado, sin precisión, que las reformas ayudarán a construir una paz verdadera, aislando a los grupos violentos y para acentuar los valores de la justicia; perfeccionar un sistema económico con un modelo pospetrolero; anexar a la Constitución las misiones sociales en salud, educación y vivienda; la seguridad y justicia, la defensa de la soberanía popular para enfrentar el intervencionismo. Frases sin contenido que ya ha utilizado varias veces. Los analistas no alineados al chavismo sospechan que Maduro intenta anular el poder de la oposición en la función Legislativa; y, por tanto, inutilizar el necesario contrapeso a su gestión. Establecerá su dictadura con un ropaje constitucional.

La inconstitucional Asamblea Constituyente ha sido calificada como un peligro cierto para la democracia de Venezuela y no se exagera. Los venezolanos se desenvuelven en medio de lacerantes penurias de todo tipo –el desabastecimiento de alimentos, medicinas, insumos médicos e inseguridad, entre las más comentadas en los medios– junto a la hiperinflación que pulveriza los salarios, la situación se agravaría. No es fácil la solución en lo político y para la diplomacia internacional. Más aún cuando el ordenamiento constitucional ha sido permanentemente desobedecido por el propio régimen, con la tácita anuencia militar y el expreso apoyo del Tribunal Supremo de Justicia. Esta instancia fue integrada veloz e irregularmente por la Asamblea Legislativa oficialista, antes de que la actual tomara posesión, y desconociéndose la autoridad de los nuevos magistrados recientemente elegidos, en reemplazo de los anteriores que se aferran al cargo. En definitiva, un caos institucional, propio de un Estado fallido. A tal punto que el viernes pasado, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al magistrado Ángel Zerpa, uno de los 33 jueces nombrados ese mismo día. El juez de larga experiencia había sido designado magistrado principal de la Sala Político-Administrativa.

El próximo domingo, Nicolás Maduro pretende imponer como constituyentes a candidatos seleccionados de entre el chavismo, de las secciones territoriales y de los municipios que dominan. Un despropósito en el sano concepto de la universalidad del voto y de la participación de los partidos políticos, que en esta ocasión se impidió.

No hay que descartar, por tanto, que el abuso oficialista exasperará a sus afines y a la oposición, con el riesgo de acercar la guerra civil. Hasta ahora la represión ha acumulado más de 100 muertos en los últimos cuatro meses de protestas. Pudiera ser que las sanciones de Estados Unidos al círculo de Maduro lo fortalezcan. En la oposición y en la ciudadanía no existe por ahora la posibilidad de darles una convenida impunidad a Maduro y a su argolla, para que entreguen el poder. Solo resta esperar que los esfuerzos diplomáticos se intensifiquen para lograrlo. (O)