Retrógados versus hipócritas (parte II)

Lunes, 17 de Julio, 2017 - 00h07
17 Jul 2017

En mi columna de opinión de hace quince días analicé el panorama mundial del narcotráfico, los efectos de la denominada “guerra contra las drogas” y la forma en que se pretende perseverar en políticas que han demostrado una y otra vez, y sin excepción, que no funcionan. Aún más, la represión del narcotráfico lo que provoca es un encarecimiento del precio de las sustancias ilícitas que deben pagar los consumidores de las mismas y por tanto una mayor ganancia de las mafias que controlan el negocio. Paralelamente se nos ha mostrado de forma reiterada, que la interacción policía-narcotráfico, lejos de reducir y reprimir al segundo, genera una impregnación del primero, al punto que en Ecuador prácticamente en todos los grandes operativos antinarcóticos han caído miembros en activo, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional.

¿Qué pasa con el tema drogas en el Ecuador? En nuestro país, así como en los demás de la región, el uso de sustancias estupefacientes es de vieja data y precede en mucho a la llegada de los españoles. De hecho en la mitología indígena se considera a la coca como un don de la Pachamama y se han encontrado estatuillas y grabados de 3000-2500 a.C. de culturas indígenas sudamericanas que evidencian el uso de esta planta; además de haberse hallado hojas dentro de la tumba del tercer emperador inca Lloque Yupanqui, muerto alrededor de 1290. Nuestra primera legislación en la materia data de 1916 y se refiere al tráfico ilícito de opio, ampliándose posteriormente la prohibición a la amapola y la coca en 1924. La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes de 1970 ya marca el rumbo por donde transitaría posteriormente nuestra legislación en materia de drogas, marcada sobre todo por penas desproporcionadas, carencia de criterios materiales para la diferenciación entre consumidores y narcotraficantes, negación de garantías procesales, etc. El producto más acabado de esta serie de cuerpos normativos punitivistas fue sin duda la Ley de 1987, en la que se llegó incluso a revertir la carga de la prueba.

Como producto de la aplicación de estas normas, un altísimo porcentaje de la población carcelaria estaba constituido por pequeños traficantes, cuando no por consumidores. Este fue el escenario que encontró la Revolución Ciudadana en 2007 y se constituyó inmediatamente en uno de los temas por debatir nacionalmente. Debo reconocer que en un inicio el enfoque de la discusión no dejó de parecerme atractivo, un tanto light y romántico tal vez, pero bien intencionado. Soltar vía amnistía a los pequeños narcotraficantes nos hizo pensar que podríamos tener un gobierno que dirija su mira punitivista a los grandes carteles de la mafia y no al precarizado vendedor al detal. Que era posible que aquellos nuevos vientos que soplaban desde el Cono Sur, específicamente de Uruguay con Mujica al frente, podrían llegar al Ecuador. Nada más alejado de la realidad. La liberación de miles de pequeñas mulas del narcotráfico jamás estuvo seguida de medidas socioeducativas, económicas y laborales que nos permitan asegurarnos que no volverían a su actividad habitual. Otro punto esperanzador se produjo en 2013 con la emisión de la famosa y cuestionada tabla de porte de cantidades máximas de consumo. Esta medida fue inmediatamente cuestionada por los sectores más retrógrados de la derecha, que de antaño le apostaron al punitivismo y que ingenuamente consideran que la existencia de una norma o de una tabla puede incentivar el uso de sustancias prohibidas. Debe señalarse en su descargo que este discurso lo han manejado desde siempre y que no han salido del mismo. A la final la coherencia también es un valor ético, aunque lo que se persista en defender sea claramente equivocado.

El Gobierno, luego de la emisión del COIP en 2014, modifica su orientación inicial y se adscribe plenamente a la posición calificada por ellos mismos, como “reaccionaria”. No eliminaron la tabla, pero redujeron las bandas de permisión, al punto que hoy por hoy es prácticamente imposible diferenciar al consumidor del narcotraficante, a base del gramaje de la sustancia ilícita que lleve encima. Esto sumado a una resolución de la Corte Nacional de Justicia, que de manera inconstitucional aplica la acumulación de penas a quien porte diferentes sustancias prohibidas, con un nivel de irracionalidad tal, que un pequeño vendedor que sea encontrado con 50 gramos de distintos estupefacientes o psicotrópicos, puede recibir una pena mayor que un gran capo al que se le encuentre con 3 toneladas de una sola sustancia.

La tabla como está es inservible, plantearla como un instrumento de racionalización y proporcionalidad es hipócrita y ubica a los defensores del correísmo como la otra cara de la medalla que comparten con quienes exigen su derogatoria. Hipócritas y retrógados defendiendo las mismas políticas, pero imaginándose enfrentados conceptualmente. (O)

 

La tabla como está es inservible, plantearla como un instrumento de racionalización y proporcionalidad es hipócrita y ubica a los defensores del correísmo como la otra cara de la medalla que comparten con quienes exigen su derogatoria.

 

Retrógados versus hipócritas (parte II)
En mi columna de opinión de hace quince días analicé el panorama mundial del narcotráfico, los efectos de la denominada “guerra contra las drogas” y la forma en que se pretende perseverar en políticas que han demostrado una y otra vez.
2017-07-17T00:07:03-05:00
El Universo

Te recomendamos