Ha trascendido que el Estado ecuatoriano habría postulado para integrar al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) a un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, el doctor Alexis Mera, artífice en mucho de la legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos aprobada en los últimos 10 años, como la Ley Orgánica de Comunicación. El CEJA fue creado en 1999, con sede en Santiago de Chile, y sus miembros son los países integrantes activos de la OEA. Funciona con un Consejo Directivo.
En el portal de internet del CEJA se registra la actual composición de su Consejo Directivo y la del pasado, así como la excelente hoja de vida que acompaña a quienes son o fueron sus consejeros. Muchos de ellos con prestigiosa trayectoria. Por ejemplo, María Soledad Alvear Valenzuela, canciller de Chile en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, impulsora de una política exterior caracterizada por una identidad latinoamericana; política comercial de amplia apertura; y un fuerte impulso de la cooperación internacional. Antes fue ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Justicia durante el gobierno del presidente Frei, cuando impulsó una reforma global de la justicia chilena. En el gobierno del presidente Aylwin (1990-1994) fue ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, institución que ella fundó.
El CEJA fue creado para apoyar a los Estados de la OEA en sus procesos de reforma a la justicia, con capacitación, estudios, investigaciones e intercambio de experiencias en el sector justicia a nivel regional. Su Consejo Directivo tiene siete miembros, elegidos a título personal por la Asamblea de la OEA, de entre candidatos de los Estados miembros, por tres años.
De acuerdo al estatuto del organismo, los candidatos al Consejo Directivo deben ser personas con altas calidades morales y antecedentes de servicios distinguidos en la esfera del derecho, las ciencias sociales, la educación o los asuntos públicos. Siendo requisito determinante que los candidatos hayan aportado contribuciones importantes a la formulación o la implementación de reformas en los sistemas de justicia de sus países.
En el último informe publicado por el CEJA, sobre Los sistemas de justicia no penal en América Latina (Información de la justicia civil mercantil, laboral, de familia y contencioso-administrativa), en el apartado sobre Egreso, Pendencia y Congestión de causas se indica: “Es importante analizar la capacidad de producción en el sistema de justicia no penal. Para ello, un indicador es la tasa de resolución. En 2010, en la primera instancia del poder Judicial, el promedio global de tasa de resolución en las materias civil-mercantil, laboral y de familia fue 84% en la región. Nicaragua y El Salvador tuvieron las tasas más altas, mientras que Ecuador tuvo la más baja…”.
La labor del CEJA es importantísima para mejorar los sistemas de justicia en la región y es imprescindible para un diagnóstico objetivo, independiente e imparcial. De ahí la exigencia de idoneidad a los candidatos al Consejo Directivo. El Gobierno ecuatoriano, por tanto, deberá desvirtuar ciertas acusaciones sobre el candidato, de haber ejercido con comunicaciones presión en los jueces y afectado la independencia de la Función Judicial. (O)
