Con el inesperado anuncio del Ministerio de Finanzas, sobre una nueva emisión de bonos soberanos por la suma de 2.000 millones de dólares, se incrementó la preocupación sobre el monto de la deuda pública acumulada en estos 10 años. El anuncio es un mensaje contrario a la austeridad fiscal anticipada por el presidente Moreno en su posesión. Es un indicio de que la situación de iliquidez del Gobierno es sumamente grave. Al punto que lo ha obligado a tomar un préstamo del monto indicado, para pasar los requerimientos dinerarios de solo un mes.
Aun cuando se haya dicho que esos 2.000 millones de dólares se utilizarán en el financiamiento del Plan Anual de Inversiones del 2017 y “principalmente para concluir obras de infraestructura en proceso”, entendidos sospechan que servirán para cubrir el gasto corriente mensual, debido a la merma de ingresos ordinarios. Los plazos y tasas de interés previstos para pagar los bonos emitidos son apremiantes (1.000 millones de dólares a 6 años plazo, al 8,75% y otros $1.000 millones a 10 años plazo, al 9,62%), lo cual equivale a pan para hoy y hambre para mañana.
Una estimación “a lápiz alzado”, realizada por distintos especialistas, sitúa la deuda pública sobre los $ 61.000 millones. Por ello el Gobierno debería pedir a la sociedad toda –incluidos empresarios y académicos– que participen en la tarea de evaluarla con transparencia y precisión, para encontrar una urgente respuesta. No ayuda cierta actitud evasiva, o al menos la de restarle importancia a la gravedad señalada desde afuera del oficialismo. Solo redunda en más desconfianza. El Gobierno debe una explicación al país con verdad, si desea concretar la concertación de un apoyo para enfrentar la crisis.
El desbordante crecimiento de la deuda pública en estos 10 años ha sido establecido en 6 veces desde el inicio del correísmo y traspasó el límite de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Muchas opiniones alertan y coinciden en la necesidad de bajar el nivel de la deuda pública en los años venideros, para ajustarlo a criterios identificados con la prudencia. Ello, sin duda, requiere un sinceramiento de las cuentas públicas, de los ingresos que se evidencian insuficientes frente al total del gasto del Gobierno y para atender la deuda pública. Es, por tanto, imprescindible que el oficialismo acepte que el crecimiento de la economía y la recaudación de dinero para atender el gasto estatal, hace rato perdió su equilibrio, en medio del alto riesgo de insatisfacción de los servicios básicos de los ciudadanos. Lo cierto es que no se puede gastar más de lo que ingresa al bolsillo.
El presidente Moreno debe contarle al país sobre la situación económica en que recibe la administración del Estado y señalar lo que considera posible cumplir con los recursos limitados. Hasta ahora, ni el ministro Carlos de la Torre ni el presidente han entregado datos de la deuda. También se les ha sugerido pedir ayuda a los organismos internacionales para estabilizar las cuentas y atender las necesidades de financiamiento para este año, que superarían los $12.500 millones. Se le ha sugerido gestionar un préstamo macro para ejecutar un plan económico sensato y renegociar la deuda con plazos largos y reducción de intereses. (O)
