El chavismo y Maduro hacen gala del poder armado. Usan tanquetas militares para atropellar a los manifestantes contrarios al régimen. Presenciamos los inicios de una guerra civil. Hay cientos de imágenes difundidas en redes sociales que muestran el alto nivel de represión y violencia.

Las protestas se incrementaron luego de que Maduro convocó a la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que promulgó Hugo Chávez en 1999. Esa iniciativa ha sido calificada por la oposición y también juristas como un “fraude constitucional”, pues escondería el objetivo de evadir las elecciones que se reclaman.

Maduro ha diseñado la integración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con 500 miembros, que serán organizados por una comisión presidencial encabezada por el ministro de Educación, Elías Jaua. La convocatoria y el procedimiento no observan lo establecido en la Constitución vigente. Aun así, el oficialismo concentrador de poderes continúa hacia el objetivo sin el menor rubor; incluso frente a las acres críticas de la fiscal general del Estado, Luisa Ortega, quien justificó las protestas pacíficas del pueblo y condenó las cruentas agresiones. Ayer ella volvió a criticar al mandatario por la inconstitucional convocatoria.

Mientras los presidentes de las naciones latinoamericanas mantienen silencio ante la represión, Maduro avanza. En respuesta a las sugerencias de pocos sectores para abrir el diálogo, encontró que la mejor forma de ejecutarlo es cambiando la Constitución pero a su manera. Por ello, editoriales como el del Washington Post califican a la convocatoria como un golpe de Estado constitucional y pidió a la administración del presidente Trump y al Congreso hacer más esfuerzos para “rescatar a Venezuela”. Se teme que el país se encamina a un cataclismo, el más grande en el hemisferio desde las guerras ocurridas en Centroamérica en la década de los 80.

¿Pero cuáles son las razones jurídicas que deslegitiman la iniciativa de Maduro, que se da en medio de una crisis económica, con protestas que han dejado más de 30 muertos, cientos de heridos y apresados, con inflación de tres dígitos, escasez de alimentos y medicinas? Un respetado y prestigioso abogado venezolano –cuya identidad omito en su protección– las concreta así:

-La Constitución venezolana establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente. Por tanto, solamente el pueblo –en referendo– puede convocar una Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. La Constitución vigente fue redactada por 131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto, y luego fue aprobada en referendo.

-La Constitución habilita al presidente para convocar una Constituyente, pero siempre como paso intermedio, pues quien la convoca como tal es el electorado mediante referendo. Si la Constituyente se instala o no, dependerá de los electores. El decreto de Maduro omite prescripciones de la Constitución, comenzando porque la convoca directamente por sí ante sí y sin la solicitud al Consejo Nacional Electoral, para que se llame a un referendo en el que se definirá si los electores están de acuerdo con la Constituyente. El decreto, además, carece de las instrucciones sobre la forma en que se constituirá la ANC, sus condiciones de funcionamiento y otros requisitos.

Mientras tanto, Lilian Tintori pide que la dejen constatar que su marido, Leopoldo López, se encuentra con vida. (O)