Todo se apegó al libreto conocido, el viejo libreto escrito por el líder. Se persigue a quienes denuncian hechos de corrupción mientras se deja vía libre para que los corruptos salgan por la puerta ancha hacia la impunidad. El siguiente paso es poner a actuar a los jueces, que solo tienen que esperar la llegada del flash memory con cada uno de los documentos del proceso. El paso final, cuando el juez ya ha hecho pública la sentencia que le ha llegado debidamente redactada, es el magnánimo perdón. Un perdón que no reconoce de ninguna manera un mínimo de valor a las denuncias y mucho menos a la condición humana de los demandados. Es un perdón presentado como desistimiento o cualquier otra forma jurídica, que está dirigido a engrandecer al demandante. Invariablemente, este personaje, que siempre es una autoridad pública, nunca una persona común y corriente, sostiene que la Justicia (así, con mayúsculas) ha comprobado que su honor fue afectado y la acción final demuestra su generosidad.

Varios pájaros se matan con ese tiro. El más importantes es instituir el miedo y sentar precedentes. Que lo han logrado se demuestra con lo sucedido después de los juicios del gran hermano, a EL UNIVERSO y a los integrantes de la comisión –formada por el propio Gobierno– para investigar el primero de esos casos. Los resultados están a la vista. El relegamiento del periodismo de investigación a los portales electrónicos, el asilo en países vecinos y el silencio de la gente común y corriente frente a los hechos de corrupción provienen de esa matriz.

El caso más reciente, el enjuiciamiento a los integrantes de la Comisión Anticorrupción, no se salta una línea de ese libreto. El demandante, su abogado y la jueza cumplieron a cabalidad sus respectivos papeles. Su actuación en esa mala comedia cumplió con los objetivos de desviar las miradas de la corrupción, dejar sentado el temor y elevar la figura del demandante a niveles de gran humanidad.

Adicionalmente, demostraron que, en materia de derechos, para ellos la Constitución es pura palabrería. Si la hubieran leído y sobre todo si la hubieran entendido, habrían comenzado por agradecer a esas personas que estaban cumpliendo con uno de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, que es “denunciar y combatir los actos de corrupción” (artículo 83.8). Sí, así como suena, deberes y responsabilidades, no solo derechos. Pero, desconocedor de esa y otras disposiciones, el demandante cuestionó que los demandados se autodenominen Comisión Anticorrupción. Francamente es vergonzoso que alguien que ejerce funciones tan altas desconozca no solo lo que está escrito en la Constitución, sino que no entienda que en democracia las personas pueden expresarse libremente y agruparse como a bien tengan. Vergonzoso también es que la jueza haya acogido la demanda y que se preste para el sainete que, como estaba previsto, iba a terminar en lo que terminó. Especialmente vergonzoso es que el demandante, su abogado y la jueza reaccionen únicamente a la voz del presidente electo. Mal anticipo de que nada cambiará. (O)