Que su carta de presentación en las elecciones es la Misión Manuela Espejo, manifiesta el candidato Lenín Moreno. Tiene razón: puso la discapacidad en la consciencia ciudadana. Evaluemos lo que hay que rectificar.

En 1996 la Universidad Central determinó que 13,2% de la población adolecía de alguna discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15% de la población mundial sufre de “dificultades muy significativas”: la Central dio en el blanco.

13,2% son 2,2 millones. El Conadis tiene registrados solo 418 mil personas con discapacidad, el 2,5% de la población. ¿Y los demás?

El Ministerio de Salud revocó los carnés que existían, implantó un muy engorroso sistema de recarnetización, a los médicos se les ordenó buscar motivos para excluir a unos y bajar el coeficiente de discapacidad a los demás, para que pierdan beneficios.

Esto le permite al Conadis proclamar que atiende a toda la población con discapacidad. La verdad es que excluye a 1,8 millones, el 80%. Rodrigo Crespo Toral, fundador del Conadis, debe estar indignado.

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su informe del 2014 sobre Ecuador, es crítico de la política gubernamental. Advierte “que la prevención de la discapacidad no sea considerada como una política de promoción de los derechos de las personas con discapacidad” ya que “tiende a crear una imagen negativa”. No debe haber manoseo político de las personas con discapacidad. Debe propenderse a que se las considere personas que requieren una ayuda especial, pero que son parte de la comunidad.

Entregar el bono Joaquín Gallegos Lara a quien atiende a una persona con discapacidad es hacerlo dependiente. Hay que entregárselo a quien tiene una discapacidad, para que él escoja a quién pagarle. Eso lo empodera.

La OMS destaca que en el mundo, en lo que respecta a la discapacidad, “en décadas recientes ha habido un alejamiento de un entendimiento médico a uno social”. Pero Ecuador mantiene el enfoque médico, lo cual censura el Comité.

Este enfoque médico lleva a la institucionalización de personas consideradas casos graves y crónicos, en lugar de promover su inserción en la comunidad. La propensión a encerrar y no incluir denota insensibilidad a los derechos humanos. El Comité propone enfocar la política en el marco de los derechos.

El Comité critica que la política oficial al respecto de la discapacidad sea determinada por las autoridades prescindiendo de los afectados: un enfoque autoritario. El Comité recomienda al Gobierno “que conforme un equipo de trabajo con representantes de organizaciones independientes de personas con discapacidad” para revisar la legislación, normas y prácticas. Que no sea la burocracia central la que decida cómo controlar a 418 mil personas con discapacidad, sino los representantes de las organizaciones de 2,2 millones de personas los que digan al Gobierno cuál es el marco normativo que necesitan para poder insertarse en la comunidad y llevar una vida plena pese a sus dificultades.

La hostilidad oficial a la sociedad civil llevó al cierre de instituciones que atendían discapacidades.

Quedan diez días para que ambos candidatos expliquen sus propuestas sobre cómo favorecer la inclusión en la comunidad de 2,2 millones de ecuatorianos con discapacidad. (O)