Las sospechas de manipulación en las próximas elecciones apuntan a los muertos. Se dice que muchos se levantarán de su cómodo reposo para ir, con corazones ardientes, a votar multitudinariamente. No es imposible hacer sufragar a muertos, pero es muy complejo por la cantidad de pasos que se requieren dar previamente. Sustituir la foto en la cédula, reclutar o contratar varios miles de personas y colocarlas en las mesas correspondientes son demasiadas y muy engorrosas tareas. Por ello, las personas que saben del asunto sugieren que el peligro no viene por ese lado sino por el de los vivos. En realidad, por el de los vivísimos. Son quienes han aprendido a usar las leyes como plastilina que se moldea fácilmente hasta darle la forma más conveniente. Son los mismos seres de carne, hueso y excelente salud que se mueven como peces en el agua de la tecnología y saben que el objetivo final se puede conseguir con un simple clic.

Las amenazas para la limpieza de las elecciones vendrían de la manipulación tanto de las leyes como de la informática. En lo legal, se dejarían de lado dos mandatos fundamentales del pomposamente llamado Código de la Democracia. En primer lugar, solamente se elaborarían dos ejemplares del acta de cada mesa y se dejaría al arbitrio de cada presidente de junta la elaboración del tercero. Este consta como obligatorio en la ley y es el que se debe exhibir públicamente en el lugar donde funcionó la mesa. En segundo lugar, el ejemplar que debe ser llevado de forma inmediata a la Junta Provincial Electoral por el coordinador designado ahora se abrirá para escanearlo en el recinto de votación. Por tanto, se romperá la cadena de custodia.

En lo informático hay dos hechos que pueden abrir las puertas a maniobras de cualquier naturaleza. El primero es que los datos escaneados pueden ser fácilmente alterados en su viaje por el ciberespacio. Aunque existiera confianza ciega en autoridades y técnicos del organismo electoral, nadie puede asegurar que no entren por ahí los hackers que han recibido excelente entrenamiento en este tiempo. El segundo hecho es que esos datos, que provienen de actas no custodiadas ni entregadas oficialmente en acto público, serán difundidos de inmediato por el Consejo. Podrán decir inicialmente que son provisionales, pero los transformarán en definitivos con una simple resolución de las mentes lúcidas que conforman cada Junta.

A esto hay que sumar la realización del conteo rápido por el Consejo. Es un despropósito que lo haga una autoridad electoral, ya que esta debe limitarse, como lo determina la ley, a consignar datos oficiales. Entregar información parcial, que proviene de una muestra, puede prestarse para marcar una supuesta tendencia a la que deberán acomodarse las cifras oficiales que vayan saliendo en el conteo. Pero el problema no radica solamente en ese absurdo, sino fundamentalmente en quién lo hará. Se sabe que será una empresa cercana a alguien que ha transitado por las altas esferas y que disfrutaba acompañando con las maracas la entonadísima voz del líder. (O)