Esta semana fueron capturados por fraude el hijo y el hermano del presidente de Guatemala, gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

Anteriormente, la Cicig y el MP lograron la detención y procesamiento de Roxana Baldetti, exvicepresidenta de la República, acusada de cohecho pasivo, entre otros delitos (agosto 2015). El expresidente de la República Otto Pérez Molina también fue vinculado a ese proceso (septiembre 2015). Ambos permanecen detenidos.

En su último informe, el jefe de la Cicig, comisionado Iván Velásquez, anota que en cinco casos investigados hay evidencias de los negocios ilícitos “…que sirvieron al entonces binomio presidencial en funciones y sus cercanos colaboradores para adjudicarse recursos de manera ilícita sirviéndose del poder otorgado por el Estado…”. Velásquez también comenta el rastreo de dinero y bienes de los cabecillas de las organizaciones delictivas y de sus testaferros, y la utilización de un grupo de empresas fachada “o de cartón”. En ellas las mafias acumularon sumas millonarias de dinero receptadas de comerciantes y grupos empresariales, que financiaron la logística y publicidad en la campaña presidencial de Pérez Molina y no fueron declaradas al Tribunal Supremo Electoral.

La Cicig también detectó que las personas naturales y jurídicas que entregaron los dineros a las empresas de “cartón” eran todas contratistas del Estado. Las entregas fueron contabilizadas como “comisiones”, por contratos adjudicados por las Empresas Portuarias estatales, los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Cultura y Deporte, Registro Nacional de las Personas, Fondo Nacional de Desarrollo, Registro de Información Catastral y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esos dineros también fueron utilizados para adquirir bienes o pagar gastos a favor del expresidente Pérez y la exvicepresidenta Baldetti, así como en beneficio del secretario privado de esta.

Las investigaciones revelaron “que al grupo de empresas iniciales de fachada se fueron sumando con el correr de los años de gobierno otras más con actividad mercantil real, que sirvieron para efectuar la mezcla del dinero ilícito con lícito a fin de dificultar su detección…”.

La Cicig y el MP también determinaron que en muchos casos, los dineros ilícitos fueron invertidos en embarcaciones y casas de lujo, así como en fincas, tratamientos de belleza, autos y motocicletas de lujo. Esos bienes y servicios fueron “disfrutados por altos funcionarios del Gobierno y sus familias, después de haber pasado por difusas estructuras de blanqueo y transportación transnacional.”

En el caso identificado como La Cooperacha apareció una modalidad de corrupción no observada antes en una organización criminal que haya cooptado al Estado. Es que los exministros de Defensa Nacional, Comunicaciones, Energía, Gobernación, y el exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social “dispusieron de generosas sumas de dinero de origen presumiblemente ilícito, las cuales eran recaudadas por el secretario privado de la exvicepresidenta, quien destinaba el dinero a la compra de suntuosos bienes para ser obsequiados al binomio presidencial”, un helicóptero entre estos. Ello me recordó al subcontratista de Petroecuador que utilizaba helicóptero para ir a la playa y su personal lo seguía por tierra.

Aquí necesitamos una comisión antiimpunidad para enfrentar la corrupción, pero de carácter internacional, para neutralizar la influencia de los intereses locales. En Guatemala funciona así y bien. En Ecuador podría denominársela “Cicie”. (o)