Entre los temas olvidados de la campaña electoral está el de los derechos y libertades. Se puede afirmar que, con escasas excepciones, ni la democracia ni el Estado de derecho se encuentran entre las preocupaciones centrales de los políticos ecuatorianos. Hay que decir que no es un fenómeno nuevo y que penosamente estos temas casi no han sido objeto de atención de quienes se supone que deberían tenerlos como la brújula de su día a día. Si se hace una mirada retrospectiva desde los inicios del período democrático hasta ahora, se constata que, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, aquí no hubo un debate amplio y profundo sobre estos asuntos. Las escasas alusiones se han concentrado sobre puntos específicos, generalmente en torno a los derechos de determinados grupos, pero siempre como una visión fragmentada y no de conjunto.

Democracia y Estado de derecho deberían ser, en conjunto, el tema central de esta campaña. Los gurús que manejan a los candidatos dirán que nadie va a conseguir votos planteando ese tipo de cosas, y tienen toda la razón. Pero hay que recordarles que esa es la visión cortoplacista y que la campaña no se agota en la obtención de votos. Es también –y sobre todo– la oportunidad para construir una agenda de gobierno (para el triunfador) y de oposición (para los perdedores). Muy diferente habría sido la historia del país si se hubieran colocado estos temas en el centro del debate en las campañas de fin del siglo pasado –cuando se hicieron evidentes los gravísimos problemas de la democracia ecuatoriana– y en las más recientes. Así mismo, muy diferentes serían los resultados de la actual campaña si los candidatos se tomaran el trabajo de decir algo al respecto.

Incluso, si creen que son asuntos abstractos, tienen excelente oportunidad para bajarlos a tierra con dos temas que están sobre la mesa. Son la ley de comunicación y la asignación de frecuencias, que deberían estar en el centro de la discusión. Los años de vigencia de la primera les da suficiente material para que hagan propuestas concretas y plasmen ahí su concepción de la democracia y las libertades. Los candidatos que dicen que harán un análisis para decidir si la derogan o la reforman, están eludiendo las definiciones fundamentales o están confesando su indiferencia frente a lo sustancial. En la asignación de frecuencias, por su parte, ya deberían tener sus equipos de veedores (no oficiales, por supuesto, porque los oficiales no sirven para nada y los que sirven son llevados a la cárcel). Incluso, más concretamente, pueden comenzar por pronunciarse sobre la muy cierta posibilidad de que se deje fuera a emisoras que constituyen verdaderos foros democráticos (como Ondas Azuayas en Cuenca o Visión y Democracia en Quito).

La ley de comunicación y la asignación de frecuencias son solamente dos manifestaciones concretas de los problemas de fondo que no pueden seguir siendo postergados. El fin de este período de diez años es el mejor momento para abordarlos con la responsabilidad que requieren. (O)