El Banco Central del Ecuador (BCE) recibe depósitos de dineros de terceros, entre estos, los de la banca privada (de sus clientes).

El reciente incremento del encaje bancario (del 2% al 5%) dispuesto por la Junta Monetaria –también depositado en el BCE– representa aproximadamente 750 millones de dólares, valor que el BCE no podría invertirlo en bonos del Estado por impedírselo disposiciones constitucionales y legales; esto además fue ratificado por el ministro Patricio Rivera en una entrevista televisada. Así se despejaría en algo el temor de que la inoportuna medida (en esta recesión económica y baja inflación) sea el preámbulo para comprar bonos por montos entre 500 y 1.000 millones de dólares, recursos que se utilizarían para el gasto público deficitario tan demandante en diciembre.

Sin embargo, ante la inseguridad jurídica, la desconfianza sigue latente, pues si ocurriera tal indebida operación y coincidiera con situaciones emergentes del sistema bancario, el BCE no podría devolver inmediatamente esos recursos. Para colmar la inquietud el gerente del BCE, Diego Martínez, ha intentado explicar que las recientes resoluciones de la Junta Monetaria que elevaron el encaje bancario tuvieron el propósito de obligar a la banca privada a entregar créditos, “así no haya demanda de los clientes” (¿cómo es eso posible?). Se entiende que la medida del “encaje” supone un congelamiento de un monto de dinero, que también impide prestarlo.

Lo anterior se produce a continuación del también escandaloso caso Capaya, que gravita inevitablemente sobre los candidatos de la opción oficialista. Es que, según se ha detectado, la preocupación ciudadana por la corrupción en el sector público se sitúa en un nivel altísimo, tanto como el de la crisis económica y el desempleo. El aparato de la comunicación oficial debe estar reacomodando la estrategia para enfrentar la desventajosa situación que, sin duda, dañó su lema “mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias”.

Por ello, coincidimos con quienes califican como iniciativa de distracción al proyecto de ley para gravar con el 75% la base imponible de la plusvalía generada en la venta de terrenos y viviendas. Empezando por el carácter económico urgente, para acelerar en 30 días su aprobación. Dizque para evitar que quienes tengan acceso a información privilegiada especulen con las tierras e inmuebles, cuando se sabe que pocos tienen acceso a tal información del poder público y su aplicación afectará a las mayorías. Muchos entendidos han demostrado matemáticamente ese generalizado perjuicio.

Se trata de un impuesto confiscatorio, no solo a los terrenos del propietario que supuestamente tuvo acceso a la información privilegiada para adquirirlo, sino que también afectará a todo aquel que compró una vivienda y luego la vende para sustituirla por una más grande o cómoda. Es decir, se intenta justificar la exacción tributaria con un concepto irritante y provocador. Además de estigmatizar como “ganancia ilegítima” al ahorro privado, cuando supera al causado por la cambiante tasa de interés bancario. Seguramente el rechazo a esta iniciativa, ya manifestado por distintos sectores, traerá nuevas movilizaciones y eso deben esperarlo en el Gobierno.

La distracción como herramienta para desviar la atención ciudadana de sus problemas tiene límites ante la presencia de la gran corrupción, que enrostra una nueva élite de exfuncionarios públicos… ¡millonarios! (O)