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Lavanderías del siglo XXI

Finalmente se ha presentado una denuncia formal por lavado de activos en relación con el saqueo de los fondos públicos ocurrido a propósito de la supuesta repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. En realidad, esa es la infracción que debió ser utilizada desde el primer día cuando la información que salió de los Papeles de Panamá vino a confirmar y completar las denuncias que venían haciendo desde inicios de este año algunos periodistas y activistas políticos. Y es que resulta inexplicable que los organismos respectivos hayan encauzado las investigaciones y acciones judiciales bajo la premisa de que lo ocurrido en la mencionada refinería, que constituye el robo más descarado de los fondos públicos que se ha destapado hasta hoy, se reduzca simplemente a la comisión de infracciones como el cohecho. Salta a la vista que ese saqueo se llevó a cabo de una manera organizada donde se destaca el uso de ciertas figuras corporativas con fines inmobiliarios y otros igualmente legítimos con el propósito de limpiar el origen ilegítimo de recursos mal habidos y hacerlos circular a través del sistema financiero. De hecho, en la denuncia presentada hay un listado importante de cuentas bancarias de empresas que habrían estado involucradas en este proceso de lavado de activos.

Todo esto ocurrió, como se sabe, frente a las narices de los máximos mandatarios del Estado ecuatoriano. Y es harto difícil creer que semejante saqueo de los fondos públicos haya pasado sin ser percibido por un gobierno que ha dado muestras de conocer hasta el más leve movimiento de lo que ocurre en el país, de los mensajes que se envían los periodistas y así por el estilo.

No deja de llamar la atención que la denuncia por lavado de activos la haya formalizado un diputado que pertenece a las filas del oficialismo. Como resulta igualmente asombroso que una iniciativa similar no haya venido de los asambleístas de oposición. A todos ellos el Estado les ha asignado un sueldo para que legislen y fiscalicen, y el hecho de estar en minoría no es justificación para su inacción. Si estos legisladores no se sienten cómodos con ejercer sus funciones de fiscalizar, o si sus asesores de mercadeo político los han convencido de que eso de combatir la corrupción no da votos.

Ahora resta esperar si esta denuncia presentada por el asambleísta Viteri va a correr la misma suerte que ha corrido el exasambleísta Jiménez. Las denuncias que este último ha presentado o han sido ignoradas o le han causado una brutal persecución judicial. Hasta se llegó a la aberración de salir con la teoría que a los legisladores no les competía presentar denuncias penales.

En todo caso, lo que no debe perderse de vista es que lo ocurrido en la citada refinería no constituye sino un porcentaje insignificante de los 350 mil millones de dólares que manejaron estos señores.

Aún resta por ver si en otros sectores, como en las hidroeléctricas, no se usaron con igual fruición las lavanderías del Siglo XXI. (O)

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