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¿Se está perdiendo el miedo?

No como pregunta, sino como afirmación, se lo expresa en los días que vivimos.

La extorsión de los que hacen poder
Seguro que no de todos. También hay y habrá autoridades y funcionarios honestos.

La corrupción se desborda y el Gobierno acusa a los empresarios y contratistas de que cohechan a los funcionarios. El cohecho es el delito de quien le da dinero o bienes a quien es autoridad o funcionario que decide, para que lo haga a su favor.

El “malo”, el “dañado”, es el empresario o contratista. La autoridad o el funcionario es la persona “débil” que se deja cohechar.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enrique Pita, contesta que puede haber casos de cohecho y de soborno, pero para él se está soslayando los casos de extorsión, esto es, de la autoridad o funcionario que exige al interesado en un contrato, antes o después de la adjudicación, o que debe cobrar facturas, que le pase dinero o bienes, caso contrario no hay contrato o no hay pago.

Y Pita va más allá, señala que hay sobreprecios desde los proyectos.

El miércoles 23 de noviembre de 2016, en boletín, Pita puntualizó:

“En mi discurso por la celebración de aniversario por los 47 años de fundación de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, en diciembre del año pasado (2015), mencioné: “...recomendamos que se forme una comisión oficial, de alto nivel, que reciba e investigue denuncias de los contratistas públicos respecto a las exacciones y exigencias de dinero a cambio de contratos i pago de sus planillas” (…).

“Mucho tememos que en el intento del Gobierno de mantener la imagen de que sus funcionarios son siempre de manos limpias y que no participan de estas irregularidades, ha creado una especie de paraguas de protección que ha permitido que se sientan protegidos y que en muy pocos casos sean auditados y, obviamente, enjuiciados” (…).

“De acuerdo a lo que los contratistas públicos manifiestan de forma privada, o caso contrario podrían ser acusados de complicidad, los valores a los cuales estos están obligados a devolver están entre un 10% y un 25%, por lo que si asumimos que los contratos públicos fueron del rango de los 70.000 millones de dólares, podríamos fácilmente establecer que hay no menos de 7.000 millones de dólares que no han beneficiado a los proyectos o a los contratistas y que deberían ser materia de investigación por parte del Gobierno Nacional. Esperamos que estas prácticas en un futuro Gobierno se terminen”.

Falacia
Es una falacia de algunos del Gobierno referirse a las modalidades contractuales –como la seguida en Petroecuador, en el llamado “régimen especial de giro específico del negocio”– que han facilitado la corrupción, dando a entender que vinieron desde época anterior.

Antes del gobierno del presidente Correa eran indispensables los pronunciamientos precontractuales de la Contraloría y la Procuraduría, incluyendo el análisis de precios.

El año 2007 –en que se inició el proceso de desmantelamiento del control precontractual–, se le advirtió al Gobierno de los riesgos que conllevaba aquello.

Las entidades de control de la inversión pública deberían estar atrás de los procesos desde lo precontractual. En el Ecuador, se ha reducido a la entidad competente a que actúe ante hechos consumados.

¿Irá a hablar Pareja Yannuzzelli?
Como rumor se había venido diciendo que Carlos Pareja Yannuzzelli no hablaba por temor de correr el destino de otros que terminaron “con hormigas en la boca”.

Ahora su abogado anuncia que va a hablar, pero que requiere que a lo que él aporte se le dé el tratamiento de “cooperación eficaz”.

En materia penal, “cooperación eficaz” es casi similar a lo que en Brasil y en otros países se llama “delación”. Uno –o varios– de los involucrados en causas penales ofrece hablar, pero requiere que se le garantice protección, para no ser asesinado o sufrir violencia, y además espera que lo que aporte le signifique una baja de condena. En el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (Arts. 490 a 494) está la posibilidad condicionada.

En Brasil se está llegando a macroacuerdos de delación, sobre todo con ejecutivos de compañías constructoras, en que no solo estará la fiscalía y la justicia brasilera, sino también autoridades competentes de países de la Unión Europea y de Estados Unidos de América, por los negocios internacionales de esas compañías. El Ecuador y otros países de la región también deberían acceder a tales delaciones.

El riesgo, en cualquier país, es un “tongo”, entre el “colaborador eficaz” o “delator”, una especie de “arrepentido”, la fiscalía y el juzgador para inculpar a algunos y exculpar a otros.

El caso de la exjueza
Por sus títulos –incluyendo posgrado– se supone que es académica. Por la puntuación en el concurso para designación de jueces –una de las más elevadas a nivel nacional–, de excelencia.

El jueves 17 de noviembre acompañó a la dirigencia de Alianza PAIS a inscribir las listas para asambleístas en Guayaquil. Son varios los testimonios gráficos de sus fotos –casi mejilla con mejilla– con los principales de tal dirigencia y además candidatos. Luego se trasladó a un prestigioso restaurante de Guayaquil y terminó protagonizando un escándalo muy difundido.

Con una visión diferente a lo comentado por otros, Natalí Sierra, en Plan V de 23 de noviembre del 2016, escribió:

“Todo poder y específicamente el poder actual del Régimen actúa como el Emperador para afirmar su enorme vanidad. En cada instancia el que funge de jefe tiene que rodearse de una corte de “inteligentes”, que para mostrar su agudeza mental al jefe tienen que aceptar, aplaudir y obedecer todo lo que él ordena” (...).

Así, en las sabatinas, por ejemplo, si insulta le aplauden, si veja le aplauden, si humilla le aplauden, y no contentos con esto lo reproducen por los medios, hacen cadenas nacionales para que vea como todos los “inteligentes” reconocen la genialidad del jefe, y en ese reconocimiento él les devuelve el reconocimiento, y todos contentos creyendo su mentira”. (...).

“Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las amenazas, insultos, prepotencia, desvalorizaciones de la exjueza y los insultos, amenazas, humillaciones, prepotencia, autoritarismo del primer funcionario y sus más cercanos colaboradores, en cada sabatina, cada cadena nacional, cada declaración?

“Una: que ella estaba borracha y lo que dice es fruto de un estado de semi inconsciencia, al contrario los funcionarios están sobrios y lo que dicen lo hacen con plena conciencia. Dos: Ella es mujer en una sociedad machista y su comportamiento es sancionado mucho más que si lo hubiera hecho un hombre. Tres: ella es apenas un peón en el tablero del poder y no goza de la legitimidad suficiente para que se le aplauda su obscenidad”.

(O)

Cooperación eficaz –que ofrece Pareja Yannuzzelli– es casi similar a lo que en Brasil y en otros países se llama “delación”. Uno –o varios– de los involucrados en causas penales ofrece hablar, pero requiere que se le garantice protección”.

 

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