Un comunicado del Ministerio de Defensa “rechaza toda responsabilidad en relación al video” en el que aparecen dos militares (uno de ellos aclarando que en 4 meses no puede transmitir conocimientos de 8 años, otro con gorra que lo identifica como instructor) instruyendo a civiles cómo enfrentar con tácticas militares a una posible manifestación de protesta y también a policías. Una persona involucrada lo calificó de ‘picnic’.

El fiscal general investigará: “… no puede haber grupos armados de civiles enfrentando la delincuencia o las manifestaciones; eso es inaceptable…”.

El caso es que un párrafo del comunicado cita el artículo 22 de la Ley de Comunicación, advirtiendo que “la difusión del video en medios de comunicación sin la adecuada investigación periodística genera una alarma innecesaria y malestar en la ciudadanía”. Habría contradicción en ese juicio, dado que se ha iniciado una investigación que atañe a la seguridad interna, por tanto la alarma ciudadana es razonable.

La difusión del video permitió detectar e investigar la existencia de un campo de entrenamiento civil en tácticas militares, que habría durado 4 meses (con picnic incluido), donde les enseñaban a los alumnos y alumnas a patear para convertirlos en “armas mortales perfectas”.

El texto también pudiera entenderse como censura previa de los medios de comunicación.

Es conocido que para encubrir errores o bochornos de corrupción de un gobierno cualquiera, además de la declaratoria de “secreta y reservada” de una determinada información, también se intentan otras formas de silenciar a la prensa.

Tales como presiones sutiles y otras que involucran acciones torpes. Unas excluyen directamente los programas críticos de la televisión o radios públicas; otras a través de personales apremios punitivos de apariencia legal y amenazas al equilibrio económico de las empresas propietarias de los medios de comunicación. Así se direcciona lo que se debe o no difundir.

En esta semana hay un ejemplo de esos intentos. Pero también de los fracasados esfuerzos en el caso del “comandante máximo” de la red de corrupción de Petrobras –el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva–, identificado por un fiscal, que investiga la red Lava Jato, célebre porque se apropió de miles de millones de dólares.

En el 2003 se insistió en la importancia de prevenir la censura, en la Declaración Conjunta de Relatores Especiales sobre la Libertad de Opinión y Expresión (ONU y OEA) y el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Ahí se recordó que son ilegítimas las interferencias políticas o comerciales a los medios de comunicación (impresos, radio y televisión) y a la labor de los periodistas, así como los mecanismos regulatorios carentes de independencia. Todo ello representa una amenaza a la libertad de expresión.

Cualquier boletín oficial que cite a la Ley de Comunicación –a manera de advertencia– justifica la preocupación de los relatores: los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento. Al contrario, “… se debe impulsar a los propietarios de los medios de comunicación para que provean del apoyo apropiado a los periodistas comprometidos con el periodismo investigativo”. Más aún si no parecía un simple ‘picnic’. (O)