El atentado con explosivos a un local comercial de Puerto El Carmen, de Putumayo, ocurrido el viernes pasado, convierte en público algo que hasta entonces quedaba en la categoría de rumor: la presunta conformación de un nuevo grupo armado fuera de la ley. Estaría integrado por ecuatorianos y colombianos, incluyendo disidentes de las FARC, que no están de acuerdo con la entrega de las armas, planteada en la negociación del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.

El comerciante perjudicado con el atentado dice que fue una represalia porque él y otros comerciantes se han negado a pagar “la vacuna” que, supuestamente, los protegería. El gobernador ha declarado que tienen indicios de la existencia del presunto grupo armado y que personal especializado de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se encuentra investigando y que actuarán con toda la fuerza de la ley. Eso es lo que la mayoría de los ecuatorianos esperamos, pues era de prever que una vez alcanzado el acuerdo entre colombianos, quienes encuentran difícil vivir dentro de la ley y no desean o piensan que no podrán incorporarse al mundo del trabajo, opten por mantener su sistema de vida en los lugares que les resultan más cercanos. Hay que proteger la frontera norte y evitar que la violencia llegue a ella. (O)