Hace pocos días, la semana pasada, en un insomnio largo, difícil, no pude conciliar mi angustia. Pocas horas antes había cerrado la última redacción de un informe que dirigí sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, particularmente de los civiles y políticos, trabajada por un equipo de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Me dije numerosas veces, intentando desconocer lo evidente, la defensa de los derechos humanos era un tema de los chilenos, de los argentinos, también de los brasileros y de los peruanos.

En nuestro país, el mito de la isla de paz naufragó hace mucho y en esta última década ya se perdió de la memoria, sepultado por otras realidades. No se trata de la versión tradicional de la violación de los derechos humanos, con sangre por las veredas y desaparecidos por doquier, por un Estado que es cualquier Estado en su forma perversa. Se trata de una forma que surgió, o que los ecuatorianos parimos desde nuestros costados más autoritarios (todos tenemos escondidas esas células indeseadas), modalidades nuevas de violación de los derechos humanos en nombre del control.

La Constitución Política de 2008 sistematizó los principales avances en materia de derechos y, a la vez, estableció un diseño orgánico institucional regresivo en materia de soberanía popular. El diseño se fundamentó en la consecución de recursos públicos, la exacerbación de funciones y atribuciones presidenciales, el detrimento de la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos subnacionales, y la quiebra de los mecanismos de control social de la gestión pública. Durante los siguientes años “en Ecuador se han producido numerosos intentos de control y sometimiento de las organizaciones de la sociedad civil y acciones destinadas a terminar con su vida jurídica. El contexto fue la aprobación de la más represiva legislación de América Latina acerca de los medios de comunicación, quienes difundieron resultados de investigación propia y cuestionamientos de la sociedad contra el Estado y al partido político de gobierno por su derroche, ineficiencia y deshonestidad. No obstante, numerosas iniciativas sociales han logrado resistir y crear canales para la opinión pública independiente.

“En la actualidad, el país camina hacia una crisis de profundas dimensiones, estimulada por la persistencia de un modelo de gestión del desarrollo y de la institucionalidad manifiestamente inadecuados, el que impide el ejercicio de los derechos fundamentales. La insistencia en esa ruta de organización institucional ha llevado al Estado a una búsqueda incesante de recursos a cualquier costo, acompañados por un endurecimiento político y la aplicación autoritaria de la ley, además de la manipulación de las instituciones. Esta situación de agresiones abiertas y solapadas contra la sociedad, se ha profundizado con la tragedia humanitaria surgida con ocasión del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 y las elecciones presidencial y parlamentaria previstas para febrero de 2017 han profundizado las tendencias mencionadas”.

El informe que he aludido recomienda, respecto del derecho de información, la derogación de la Ley de Comunicación y, por lo tanto, de la figura de linchamiento mediático; asimismo dejar de usar los medios públicos e incautados para descalificar, desacreditar y poner en riesgo a los actores que piensan de manera diferente al Gobierno; y en este sentido se debe revisar la desproporcionalidad que tienen los servidores públicos en el uso de los medios frente a los ciudadanos comunes. Acerca del derecho de asociación, el Estado debe garantizar que la sociedad civil se organice de manera libre, sobre la base de lo que establecen el Pacto y la Constitución, además que no cierre a las organizaciones de la sociedad civil sin respeto al debido proceso. Esto es concomitante con la libertad de sindicalización. En cuanto al derecho de las mujeres, se recomienda suprimir la judicialización del aborto mediante delación de los profesionales de la salud. En lo concerniente al derecho de las minorías, el Estado debe velar porque este segmento goce de todas las garantías que establecen la Constitución y los acuerdos internacionales. Es imprescindible que se evalúe el desproporcionado uso del estado de excepción. Para que se cumpla el derecho de participación, se recomienda despolitizar el nombramiento de cargos públicos, transparentar los procesos y que la designación de las principales autoridades vuelva a la Asamblea Nacional.

Las recomendaciones evidencian cómo “el modelo ecuatoriano se complejiza desde el quebrantamiento de las libertades de pensamiento, expresión, opinión y asociación, que impiden la formación del cuestionamiento ético y político de los ciudadanos, pasando por diversas formas de segregación y opresión contra derechos específicos de las mujeres y grupos étnicos, hasta cerrar el círculo opresivo en formas democráticas sustantivas como son una justicia dependiente del Ejecutivo y la participación ciudadana en las elecciones sin garantías competitivas, el reconocimiento discrecional de organizaciones políticas y el cercenamiento de la soberanía popular en la nominación de autoridades.

Ecuador presenta numerosos déficits sociales que han sido aprovechados por el Estado para generar sistemas clientelares, especialmente de intercambio entre, por un lado, la aceptación al quebrantamiento de derechos civiles y políticos y, por otro lado, beneficios económicos y sociales originados en el gasto estatal. El fundamento conceptual de este modelo es la prevalencia de los derechos económicos y sociales por sobre los derechos civiles y políticos, forma abiertamente propalada por el Estado y utilizada contra la sociedad. La consecuencia es el progresivo deterioro de la democracia y el quebrantamiento de las instituciones, las que muestran y operan a través de sus inadecuados diseños. En especial, el Estado utiliza a las instituciones, respaldado en una abusiva extensión de la mayoría electoral de origen para oprimir a las minorías sociales y políticas, tanto como a formas inescrupulosas de personalismo y manipulación autoritaria de la Ley, contrarias al imperio del derecho y de la deliberación y la concertación.

El modelo de transgresión de los derechos civiles y políticos vigente en Ecuador se basa en la expansión del control del Estado contra la sociedad civil y la sociedad política. Coartada la autonomía de la sociedad civil, neutralizadas las formas históricas de organización social, y debilitados los mecanismos de representación política ha podido operar una forma estatal, que no se basa necesaria y únicamente en la abierta estrategia de control, sino en la utilización de una institucionalidad que guarda apariencias de legalidad pero, en los hechos, opera al servicio de un proyecto político. Estas dimensiones que operan flagrantemente en Ecuador requieren de la mirada internacional para conseguir el ejercicio de los derechos fundamentales de la humanidad superando los estrechos círculos de la manipulación doméstica de las instituciones”.

Cuesta, pero debemos reconocer que precisamos de la mirada de la comunidad internacional para recuperar la democracia y nuestros derechos sustantivos. Básicos. Los que nos permiten vivir en comunidad. Y proyectar nuestro destino común. (O)

Ecuador presenta numerosos déficits sociales que han sido aprovechados por el Estado para generar sistemas clientelares, especialmente de intercambio entre, por un lado, la aceptación al quebrantamiento de derechos civiles y políticos y, por otro lado, beneficios económicos y sociales originados en el gasto estatal.