Pues sí, efectivamente, en estos momentos de dolor nacional, en ámbitos públicos visibles y en los recovecos de la política, en los espacios explícitos de formación de las voluntades y en los confines opacos de los comportamientos, se procesan salidas políticas y electorales a la situación del país. Y un factor importante es la organización de las contribuciones nacionales e internacionales.

Las consecuencias del terremoto van más allá de la profundización económica de la crisis. Efectivamente, la devastación de esos territorios implica pérdidas económicas sensibles en el producto y en crecimientos de varios rubros registrados en estos años de bonanza. Desde esta dimensión, el sismo se sumó a la baja del precio del petróleo y a las lluvias del niño. Una maldición más para quien reduce el bienestar al gasto público.

Las responsabilidades convencionales de la crisis económica pueden localizarse en el derroche, experimentación, opacidad de gasto y ausencia de reservas. Ya conocemos a los instrumentos de política pública del régimen. Sin embargo, el manejo de la reconstrucción tratará de esconderse tras el carácter natural de su origen. Para obtener recursos y para gastarlos. Una es la reconstrucción sin reservas y sometida a nuevos impuestos y créditos internacionales y otra hubiese sido la reconstrucción con previsiones, transparencia y una capacidad sensata de reorientación de la política pública, especialmente del gasto. El sello del modelo económico está inevitablemente presente.

El régimen quiere otra vez marcar a la agenda. La pretensión gubernamental es sostener machaconamente a su política de gasto, incluyendo a los edificios públicos construidos con préstamos internacionales de la banca multilateral, esa misma que ahora incrementa créditos por la emergencia. Menos mal, aunque mejor hubiese sido entrar en razón y asumir que más oficinas para oficinistas –públicos o privados, da lo mismo– en un país en crisis. Con tales desbalances, es poco menos que…

Pero son créditos. Y créditos que van al presupuesto. Y al gasto. Para una demanda caramente insuflada, sin consecuencias en la producción. Esto desata la extrema sensibilidad de la comunidad nacional e internacional para evitar que los aportes a la reconstrucción caigan en el tonel de los déficits gubernamentales. Sean deglutidos por el tonel sin fondo de la adicción al gasto. De un gasto que no densifica a la producción.

Y el pataleo gubernamental responde desde una semiótica económica cursi políticamente hablando. Porque también existe cursilería política en el lenguaje del socialismo del siglo XXI, es decir, pretenciosidad académica y jurídica. Argumenta, el discurso del Gobierno, que jamás dará paso a un fideicomiso –así, en abstracto– porque es un instrumento neoliberal. Claro, se trata de los jamases publicitarios construidos para el olvido de la opinión pública y los oídos electorales. E introduce una distorsión adicional de la noción de instrumento. Como si existiesen instrumentos de sello ideológico necesario. Son instrumentos, justamente porque adquieren significado desde las relaciones que entablan con otros elementos dentro de una estructura. Pero, háganles entender…

La desconfianza expresada por los contribuyentes al demandar un fideicomiso para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto es evidente. La revolución ciudadana ha sido un régimen basado en la desconfianza, que ha sumido como contrapartida a los ciudadanos en el control. La principal desconfianza se ha localizado contra la sociedad bajo todas sus formas. Y la desconfianza ha devenido en mutua desconfianza. Afecta a las instituciones, que tienen como base a la confianza y su transmisión. Entre ellas, las instituciones de control vertical, horizontal y transversal de la gestión pública. Y, así, los depositarios de la desconfianza gubernamental –los ciudadanos– también desconfían del Gobierno. El círculo perverso se cierra y tiene retoños.

Existen varios tipos de fideicomiso. No solamente se trata de que quien otorga el fideicomiso asegure el cumplimiento de su voluntad con un compromiso de ejecución, todo entre privados. Pero, ya es tiempo de que comprendan, que no todos los días se trata de diseñar un compromiso público alrededor de un terremoto porque no todos los días se produce una catástrofe. Existen fideicomisos que pueden darse, por ejemplo, entre entidades públicas o entre niveles de gobierno. Pero también entre ciudadanos debidamente organizados y representados, de origen nacional e internacional, y el Gobierno. Y puede haber diferentes componentes para el fideicomiso tanto como diversas fórmulas de administración. Por la naturaleza de la materia sujeta a fideicomiso, todos debemos aprender a flexibilizar a las instituciones.

La raíz del problema está en que los ciudadanos revolucionarios comprendan que el interés público no es exclusivamente estatal. Que lo público, más allá del interés, se refiere a la responsabilidad de la colectividad. Y que consiguientemente lo público no es excluyentemente interés y responsabilidad del Estado. Sino que para que exista un Estado incluyente, no se puede ni se debe monopolizar a lo público. Esto, entre otras nociones, es la descentralización. Que se erige contra la recentralización en curso en la organización territorial ecuatoriana, la que termina siendo autoritaria. Que hizo ineficiente la gestión de algunos municipios en las primeras horas del desastre. La que no se soluciona volviendo más y más vertical a la organización territorial del Estado. Ni quitándole atribuciones.

El fideicomiso en debate, o cualquier forma que le pueda sustituir para bajar la adrenalina de los catecismos scouts, puede ser dirigido por un acuerdo público/privado, de esos que tanto ha pregonado el régimen en estos meses para pedirle perdón al capital externo. Y ayer mismo, al solicitar inversiones en empresas públicas y vender a aquello en lo que seguramente se sobreinvirtió. Porque yo no creo que el Estado invirtió y corrió un riesgo para ahora vender nuevecita a Sopladora.

El terremoto y sus consecuencias es un problema de todos. En el estricto sentido y no en el publicitario. Por la desconfianza que inunda al contexto nacional, la ciudadanía busca que sus contribuciones especiales tengan un destino transparente, asociado solamente a la reconstrucción. Y que no se diluyan en los vericuetos del presupuesto, que oculta más de lo que enseña. Busca una reconstrucción transparente y, por esta vía, una reconstrucción democrática, sujeta a los ciudadanos, quienes debemos aceptar la contribución específica, solidaria, limitada a la reconstrucción.

Que los contribuyentes deben aceptar que el Estado es la representación institucionalizada de la sociedad, vocifera una voz que repite y repite cada sábado esta, la definición más conservadora del Estado. Por ahora, solo digamos de este megáfono de voces pasadas, que los ecuatorianos vamos a por un Estado socialmente necesario, de inclusión, de incorporación orgánica y coordinada de las relaciones sociales. De todas.

Estemos claros. Los ecuatorianos no debemos perder la responsabilidad de la reconstrucción. Es nuestro deber frente a nuestros hermanos, nuestros pares en esta comunidad de destino en la que estamos embarcados. Para que no nos desapropien de la reconstrucción, deberemos evitar que se disuelvan los “atunes”, metáfora presidencial grosera contra la sociedad civil ecuatoriana y la comunidad internacional. Debemos evitar que los atunes sean disueltos en el déficit público y el clientelismo electoral. Y, para ello, debemos mostrar más y más eficiencia en la actuación pública para lograr una reconstrucción democrática. (O)

La desconfianza expresada por los contribuyentes al demandar un fideicomiso para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto es evidente. La revolución ciudadana ha sido un régimen basado en la desconfianza, que ha sumido como contrapartida a los ciudadanos en el control.