Aunque parezca puramente coyuntural, el impuesto al azúcar es una tendencia global; muchos gobiernos se encuentran profundamente preocupados por las condiciones de salud de sus poblaciones. El consumo de azúcar está vinculado con el incremento de enfermedades no transmisibles y puede tener efectos similares a los del alcohol en el cuerpo. Preocupa también el consiguiente impacto económico. Una población en mal estado nutricional es menos productiva y requiere más atención médica y hospitalaria.
Una lata regular de cola tiene más de nueve cucharaditas de azúcar en apenas doce onzas de líquido. Como preguntan en las redes sociales, ¿se imagina poner esa cantidad de azúcar en su café? En respuesta, el alcalde de Nueva York intentó prohibir en el 2013 la venta de bebidas carbonatadas extragrandes en los expendios de comida rápida. El Ecuador ahora ha optado por imitar al Reino Unido, donde el impuesto al azúcar es incluso progresivo según su cantidad por mililitro. A más azúcar, mayor el porcentaje a pagar.
Los niños son quienes más sufren el asedio de una publicidad inclemente, en la televisión, en los empaques, en la caja del supermercado y en las vallas publicitarias, que incentiva al consumo de alimentos procesados con azúcar añadida. Hasta hace poco, el pediatra premiaba con un chupete a sus jóvenes pacientes y las familias todavía consienten a través del dulce. Estas prácticas se graban en nosotros de manera indeleble hacia la adultez.
Solo por la cantidad de plástico que producen, las bebidas carbonatadas y energizantes deberían ser eliminadas del mercado. La ciudad de San Francisco en California, Estados Unidos, acaba de eliminar la venta de agua embotellada exclusivamente por su alto costo ambiental. Adicionalmente, al igual que las bebidas azucaradas, el agua embotellada contiene sal añadida. La ironía es que la sal produce más sed y por tanto lleva a mayor consumo.
Por supuesto, este impuesto coincide con un ajuste fiscal y se lo puede interpretar como oportunista. También es posible que afecte a los pequeños vendedores. Pero solo podemos celebrar que en un país como el nuestro, donde se estima que más de seis millones de personas tienen sobrepeso, se refleje la justificada preocupación de la Organización Mundial de la Salud, científicos y estados por el consumo excesivo de azúcar.
Esto debería implicar que en un futuro cercano el Programa de Alimentación Escolar cambie su menú de galletas y bebidas lácteas azucaradas. Es verdad que la colación estatal equivale a un porcentaje de calorías y nutrientes que se estima necesario para suplir una posible falta de alimentos en el hogar. El problema es que esta comida es procesada y contiene azúcares añadidos, justamente aquella que está vinculada con el incremento excesivo de peso. Sin contar con que los paquetes individuales de galletas aumentan la contaminación ambiental en nuestro país.
El esquema original del Programa Mundial de Alimentos fomentaba la incorporación de productos locales frescos. Aunque no beneficiaba a tantos niños como ahora lo hace el Programa de Alimentación Escolar, se podría decir que el almuerzo era más saludable. Es posible que aumentar el número de beneficiarios aumentó la matrícula y retención escolar, pero es hora de pensar en la salud de nuestros niños. (O)
