Tal vez no proliferarían los “paraísos fiscales” (más de 70 en el mundo, incluido Estados Unidos) si los estados, como el nuestro, ofrecieran estabilidad política, seguridad jurídica a la propiedad y no cobraran excesivos tributos. Esto último obligó al célebre actor francés Gerard Depardieu a trasladar su domicilio a Bélgica, pues no pagaría impuesto sobre su fortuna ni sus herederos el impuesto a la herencia.

La baja o nula aplicación de tributos en ciertos países, además de la protección del secreto bancario atraen capitales y transacciones financieras lícitas, sin desconocer que hay quienes también se aprovechan para actividades ilícitas (ocultamiento y lavado de dinero del narcotráfico, venta de armas, sobornos y del peculado de gobernantes y funcionarios públicos de países pobres y ricos). Pero lo segundo no justifica que se satanice a personas que en el campo de lo lícito buscan y obtienen seguridad para sus patrimonios en los denominados “paraísos fiscales”, sin perjudicar a sus países de origen. Al menos, en Ecuador no ocurriría con los patrimonios lícitos, pues en concepto de utilidades o salida de capitales, el SRI los grava con exagerados impuestos. Claro, existe diferencia con el dinero mal habido, escondido en sociedades offshore.

También se debe diferenciar a las firmas de abogados que constituyen una sociedad offshore (en un paraíso fiscal) y los bufetes que no se limitan a formar estructuras societarias para clientes internacionales, sino que además, en ciertos casos, recomiendan procedimientos para encubrir dineros de origen non sancto o evadir impuestos. El recto asesoramiento no es comparable con el rol de cómplice para huir de la justicia, si se trata, por ejemplo, de evitar el rastreo de dineros desfalcados, sustraídos a bancos o de sobornos.

Lo mencionado, a propósito de la histórica investigación efectuada por periodistas de varios paises, cuando el nivel de corrupción exaspera a Latinoamérica e impulsó a un funcionario del Gobierno ecuatoriano a calificarlo como “uno de los más honestos del mundo”… Aseveración prematura, pues debe aclararse por qué un altísimo funcionario público no incluyó en su declaración patrimonial sus acciones en una offshore y descartar a otros funcionarios de la lista de los Panama Papers.

Las investigaciones periodísticas permitieron conocer que cierto “paraíso fiscal” fue utilizado para esconder un multimillonario robo de oro, diamantes y dinero, perpetrado en Londres en 1983. Con el agravante de que el bufete panameño que proveyó la sociedad pantalla habría entorpecido la investigación policial para recuperar el dinero y procesar a una banda de asaltantes y a sus testaferros.

También detectaron sociedades offshore relacionadas con jefes de Estado, políticos y funcionarios públicos. Es el caso de las corporaciones de amigos cercanos del presidente Vladimir Putin; beneficiarios de contratos con el Estado.

En los Panama Papers aparecieron bancos que, junto con firmas de abogados, incumplieron requerimientos legales para evitar relacionar a sus clientes con actividades delictivas. Llegando a ocultar transacciones sospechosas y manipular registros, para protegerse ellos y a sus clientes.

Lo cierto es que la corrupción contamina todas las tendencias políticas –aquí y en todas partes– y los beneficiarios también buscan “paraísos fiscales”, porque ahí se confunden entre los empresarios o individuos de recto proceder. Pero no contaban con el periodismo de investigación que les hizo la “casita”. (O)