El Gobierno sigue dándole la vuelta al timbre fiscal, lo mira desde distintos ángulos pero no se convence. Tales son las dudas que consulta con el sector empresarial, a pesar de su habitual reserva, pero en el proceso surgen nuevas interrogantes. La eventual creación del mecanismo para imponer una severa restricción a las importaciones continúa sin acuerdo.

Se lo promueve como un medio de estimular la competitividad del sector exportador, permitiendo que se beneficie de una parte del diferencial del timbre que se utilizaría para pagar los aranceles de importación, pero resulta obvio que la principal intención es obtener más ingresos fiscales a la vez de continuar presionando la baja de las importaciones.

El dilema es cuáles serían los efectos colaterales de una política pública de esta naturaleza.

Los exportadores no están tan convencidos pero necesitan un auxilio que permita recuperar liquidez y competitividad; sin embargo, están conscientes de su impacto en la estructura de costos.

La banca viene alertando a las autoridades económicas de las repercusiones que podría tener por la pérdida de confianza del público y una mayor caída en los depósitos, que a su vez mermaría el escaso crédito.

Por su lado, comercio, industria, construcción y prestadores de servicios se oponen al timbre por considerar que solo agravará la crisis, acentuando la recesión económica marcada por la caída del consumo, de las ventas y asimismo del empleo. Los pequeños y medianos negocios que están en riesgo de desaparecer, no pueden mirar sino con desaliento una medida semejante.

Y compartimos su visión: no genera confianza, no garantiza la entrada de divisas, no corrige el déficit fiscal; no genera mayores depósitos, etc.; de modo que predominan los negativos ante una medida que se enfoca exclusivamente en la cuenta corriente de balanza de pagos, olvidando su contraparte de capitales donde hay margen de acción sin secuelas de shock.

Es alentador conocer que los tecnócratas gubernamentales comienzan a aceptar la necesidad de replantear el Impuesto a la Salida de Divisas, ISD, a fin de que no se convierta en un obstáculo al ingreso de capitales que el país tanto necesita para sostener la dolarización.

El problema del timbre tiene que ser visto no solo desde el parecer de los actores económicos nacionales, sino además de la comunidad internacional con la que se mantienen estrechas relaciones comerciales, venidas a menos por la imposición de cupos y salvaguardias.

Informados de la iniciativa, anticipan sus reparos a lo que sería una restricción de importaciones aún más extrema, cuya modalidad contraviene los compromisos internacionales en el marco de la OMC. La Unión Europea no la va a aceptar, de modo que se deberá encontrar la manera de excluirla, si se quiere ratificar el acuerdo comercial hasta fin de año; y aun encontrando una fórmula terminaría generando un ambiente adverso en las autoridades europeas. Los socios andinos, Chile y los países de Mercosur previsiblemente solicitarán un trato igualitario; hay el riesgo de quedar expuestos a medidas de retorsión comercial.

Bajo estas condiciones es mejor pensarlo bien, seguirse tomando el tiempo que sea necesario y considerar un plan alternativo con un enfoque más integral anticrisis. (O)