La jugada fue perfecta. De puertas hacia afuera quedaba demostrada la independencia de la justicia. Casa adentro, sin demora volvieron a las maniobras de siempre y aplicaron el castigo tan necesario para sosegar las rabias del líder. Mientras las miradas del mundo impedían convertir a las leyes en plastilina, se hacía necesario un manejo cuidadoso, apegado a la más hipócrita corrección política. El panorama no era el más adecuado para determinar la deportación. No solo estaba plenamente demostrado que todo se basaba en un parte policial mentiroso, sino que estaban bajo la mirada de decenas de reporteros nacionales y extranjeros, la noticia estaba en las primeras páginas de los periódicos y las imágenes de la detención circulaban libremente por el ciberespacio. Por ello, la juez se revistió de doctrina y dijo lo que la opinión pública quería oír.

Sí, lo dijo, pero no lo escribió. Más adelante, cuando se puso a redactar –seguramente en medio de amables y comedidas llamadas alusivas a la relación entre la defensa de la revolución y su permanencia en el cargo–, incluyó documentos que no constaban en el proceso y sometió su decisión a consulta del ministerio que dirige, regula y controla a los autores del parte mentiroso. Con lenguaje leguleyo logró colocar a la Constitución por debajo de la ley de Migración, una ley que además de su carácter secundario contiene varios artículos restrictivos de derechos constitucionales y por tanto están tácitamente derogados. Así, volvimos a la normalidad vigente en los últimos ocho años, donde una ley o un reglamento se imponen a la Constitución.

A la vez, quedó el camino abierto para que se hiciera efectiva la revocación de la visa, que era precisamente lo que se debía evitar si se quería demostrar que la ciudadanía universal es algo más que una ficción escrita en papel mojado. Una vez abierto el amplio y seguro camino, solo había que esperar que el proceso transitara por ahí. En efecto, así fue. Cuando la defensa presentó el recurso de amparo para evitar la cancelación de la visa, una nueva jueza puso de cabeza la pirámide jurídica al considerar que el acto administrativo realizado por las autoridades de migración tenía más peso jurídico que el derecho establecido constitucionalmente. También puso patas arriba la lógica y el sentido común, ya que al devolver la iniciativa al organismo desde el que salió el parte mentiroso, volvió todo al punto de partida. El siguiente paso era el retiro de la visa y, seguramente, la deportación blanda, sin mayores aspavientos y evitando la mirada de la prensa internacional.

Todo ello ocurrió en el país donde rige una constitución publicitada como garantista, en la que las personas extranjeras tienen los mismos derechos que las nacidas en el territorio nacional (artículo 9) y que propugna la ciudadanía universal (artículo 416-6). Un país en el que hay, con todo derecho y toda justicia, ministros, viceministros y asesores extranjeros. Un país en el que se obtiene la visa por fidelidad al líder y no a los valores nacionales. (O)