Positiva la iniciativa de la ministra Cely. Presentó en la Asamblea Nacional la alianza público-privada destinada a estimular a los capitales privados a invertir con el Estado en proyectos estratégicos y obras de infraestructura, incluyendo carreteras, puertos e hidroeléctricas.

El anteproyecto irá a la Presidencia para su revisión y envío a la Asamblea como urgente. Entonces podremos conocerlo en su integridad.

Entre los incentivos se contempla eximir del pago del ISD a la salida de capitales que hayan venido al país para tales inversiones, así como su rendimiento. Esto vendría a ampliar la norma que se incluyó en la ley de amnistía tributaria, que ciertos créditos de bancos del exterior a bancos nacionales estarían exentos del ISD.

El ISD está dirigido a impedir que salgan divisas, pero no se percataron las autoridades de que si un inversionista sabe que pagará un inusitado impuesto cuando quiera sacar su plata, prefiere no traerla. Y los inversionistas nacionales no sacan su plata porque rinde más afuera, sino porque está segura: por lo tanto, el impuesto no los disuade. El ISD se justifica como generador de ingresos, pero desestimula la inversión privada.

Bajo el régimen Correa, la inversión privada en infraestructura ha sido mínima, y recién en su noveno año las autoridades se percatan de que la inversión privada es importante. Bajo este Gobierno, la inversión en capital ha sido estatal.

Según cálculo del Instituto de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York para un estudio auspiciado por DHL, entre 140 países investigados, el Ecuador ocupa el puesto Nº 130 en inversión extranjera directa en formación de capital, el más bajo en Sudamérica; Perú está en el Nº 46, Colombia Nº 48. El segundo más bajo es el Nº 122: nuestro nuevo amigo Surinam.

En cambio, durante el gobierno de Lucio la inversión privada en formación de capital fue el motor de la economía, gracias al OCP, cuya inversión gestó Gustavo Noboa.

La alianza público-privada fue propuesta hace un año por los industriales, dado su éxito en otros países latinoamericanos. Fue mal recibida entonces.

Hoy, se retoma la idea. Demasiado tarde.

En primer lugar, puesto que las expectativas son de una economía estancada, con un Estado en estrictísima dieta de ingresos petroleros. En junio el precio de WTI fue USD 60, y nosotros vendimos a USD 53, siete dólares menos. Hoy el WTI está entre USD 42 y USD 43, por lo que nuestro crudo debe estar por USD 38, precio al cual no entran fondos petroleros al fisco. La inversión tiende a dirigirse a las economías que crecen, no a las estancadas.

Más importante aún es el entorno de políticas públicas: el Gobierno propone un alza astronómica de impuestos ya elevados a la plusvalía en bienes raíces y a la herencia, meses después de haber gravado fuertemente a los rendimientos de las inversiones en las bolsas de valores.

Lo hace no porque esos impuestos vayan a generar masivas rentas fiscales, sino por razones ideológicas. El miércoles por la noche, el Gobierno se tomó los primeros 22 minutos de los noticiarios de TV para pasar una agresiva propaganda de su propuesta tributaria.

¿Cómo se pretende atraer capital si se sataniza su rendimiento? (O)