La Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), empresa pública dedicada al transporte de crudo por medio de barcos de bandera nacional, habría suscrito varios contratos con la empresa multinacional ST Shipping & Transport Ltd. (STS) –fundada en 2006, establecida en Singapur y subsidiaria de Glencore International, según su portal electrónico– para que esta transporte derivados (gasolina y diésel) a nuestro país. A este pool le habrían denominado Galápagos, tal como lo revela la prestigiosa revista Bloomberg Bussiness en su página web.

En el año 2008, durante la pésima gestión de la cúpula de la Marina, EP Petroecuador ejecutó la garantía presentada por Glencore y la calificó como contratista incumplida con el Estado debido a la violación de convenios, motivo por el cual se hizo acreedor a varios procesos legales en su contra; tanto que el presidente Correa se expresó de ella en los peores términos. Es decir, Flopec habría suscrito convenio con Glencore a través de la STS. De ser cierta esta información, no se logra entender cómo Glencore, que ejecutó una serie de negocios fallidos durante mucho tiempo con EP Petroecuador con petróleo, gasolina y diésel, realice este tipo de operaciones.

Es antipatriótico que una empresa estatal nacional tenga entendimientos comerciales con una multinacional que incumplió sus compromisos. Se ignora la fecha de la suscripción de dicho contrato ya que Glencore todavía está en la lista de incumplidas, lo que significaría la evidente nulidad de los mismos. El objetivo del acuerdo es que las empresas que entreguen productos a Ecuador lo hagan usando a este pool. En otras palabras, se pretendería obligar a que usen los barcos de su potencial competidor. El rubro del costo del transporte es decisivo al momento de hacer las ofertas que incide en determinar quién será el ganador de un concurso. Por lo tanto, Glencore, que participa en el país a través de la compañía Citizen Resourses, negociaría en franca ventaja frente a los competidores. La pretendida obligación nace de una interpretación a la Ley de Facilitación de Exportaciones y Transporte Acuático, pero, siendo dichos barcos de la empresa STS, subsidiaria de Glencore, resultaría que esta ley beneficiaría a la multinacional porque es innegable que el dueño lleva parte mayoritaria del negocio en desmedro de la estatal Petroecuador, que no tendría una justa competencia en sus concursos ya que no garantizaría la mejor oferta posible a sus clientes.

Se rumora que dichos contratos no habrían sido autorizados por el Directorio de Flopec, que existiría una “mano negra” dentro de la entidad. Que tampoco se habría convocado a un concurso internacional para este tipo de acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el motivo para escogerla a pesar de sus negativos antecedentes en el país? ¿Cuál de las dos firmantes es la coordinadora comercial del contrato? Deben intervenir urgentemente la Asamblea Nacional, Contraloría del Estado, Fiscalía General, etcétera. Es importante la opinión de expertos en la materia para que aclaren los aspectos legales, permisos de autoridades competentes, cuál es el arbitraje y jurisdicción, quién hizo las veces de bróker, cómo se lo escogió, qué porcentaje se aplica, tasa por brokeraje (que no debería existir, porque la estatal caería en peculado), etcétera.

Flopec debe y tiene que aclarar este asunto a los ecuatorianos. El país exige transparencia, pues el discurso retórico no sirve sino los hechos fehacientes. Ojalá no se convierta en otra vergonzosa “venta de bandera” nacional. (O)