Tras ganar por segunda vez las elecciones presidenciales en Brasil, Dilma Rousseff enviaba señales de que estaba dispuesta a revisar la política económica, para lo cual necesitaba un ambiente político adecuado y algunas negociaciones, puesto que su triunfo fue con un apretado margen sobre su opositor.
Pero un gigantesco escándalo de corrupción detectado en la empresa estatal Petrobras enrareció el ambiente político y erosionó la popularidad de la presidenta, a la vez que repercutió negativamente en la economía del país. Doce senadores y veintidós diputados de la coalición gobernante de Rousseff están siendo investigados, de igual manera que los máximos responsables de veintitrés grandes empresas, acusados de entregar sobornos a políticos y directivos de Petrobras para asegurar contratos. Esto podría provocar el cierre de cincuenta y un mil pequeñas empresas proveedoras y prestadoras de servicios, como consecuencia de las restricciones aplicadas a las veintitrés grandes.
Una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet fue combatir la desigualdad y terminar con los arraigados privilegios de una élite chilena. Ganó por segunda vez las elecciones presidenciales con un cómodo margen sobre su opositor, pero cuando se disponía a poner en práctica su ambiciosa agenda de reformas, la prensa publicó que al día siguiente de su triunfo, su hijo consiguió que le otorgaran un préstamo bancario para el negocio de su esposa, por lo que fue acusado de usar su influencia e información privilegiada. La credibilidad de la presidenta descendió inmediatamente y en un momento complicado para la economía por la disminución del precio del cobre. El hijo de la gobernante fue desplazado del cargo que ocupaba en el área social y él y su esposa se vieron obligados a renunciar al partido socialista. La presidenta no hizo ningún intento de defender a su hijo y planteó públicamente que su deber es enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer los objetivos de igualdad y justicia que había ofrecido conseguir en su gobierno, y siguió trabajando mientras la administración de justicia hace lo suyo.
En ambos casos, dos mujeres que habían dado pruebas de su capacidad para conducir a sus países han visto dificultada su tarea por hechos de corrupción. La verdad es que corrupción hay en todos los gobiernos y en todas las épocas, la diferencia está en la manera en que se reacciona frente a ella, se puede esconderla o enfrentarla, pero en esto tiene mucho que ver la reacción social, y según dijo, al comentar el caso chileno, el profesor Aldo Cassinelli, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile, “también está la prensa, que es crucial, porque revela y tiene la capacidad de investigar, y cuando un medio encuentra una situación que escapa a la normalidad, obviamente la sociedad se informa y se transparenta. Pero cuando los medios no pueden, no se atreven... tenemos problemas”. El profesor tiene razón, pero una vez que la prensa cumple con su deber le corresponde a la sociedad exigir y vigilar que las instituciones correspondientes cumplan con el suyo, actuando con total independencia. Cuando esto no sucede y se niegan los hechos, se ataca a quienes los hacen públicos y se protege a los culpables, se asume que las leyes pueden ser irrespetadas, y lo inmoral e ilegal se empieza a aceptar como normal. Entonces la corrupción se institucionaliza y corroe el tejido social. (O)
