El argumento por el cual centenares de habitantes de varias parroquias rurales de la provincia del Azuay se tomaron esta semana tres intersecciones viales fue la supuesta suspensión del cobro de un “impuesto” denominado tasa solidaria. Una excusa no tan verdadera para lo que puede entenderse como una estrategia política más del chef de las fanescas morlacas.

La tasa solidaria se cobra a los propietarios de vehículos particulares por el hecho de circular por las carreteras del Azuay; el monto más bajo con el que inicialmente arrancó el cobro fue de 25 dólares y se incrementaba en función del número de ejes del automotor. Para este año la “Cámara Provincial” decidió un incremento que le llevaría a obtener una recaudación que supere los seis millones de dólares anuales para, por intermedio de las juntas parroquiales, destinarlos a tareas de mantenimiento de las vías de lastre. O al menos eso dicen.

Según el informe de labores de la Prefectura correspondiente al año 2014, con los recursos de la tasa solidaria dieron mantenimiento a 162 kilómetros de vías. Pero la movilización convocada para esta semana tuvo como argumento la eliminación de la tasa, y eso es impreciso: el comprobante de pago de la tasa era considerado, hasta este mes, como un requisito para la matriculación vehicular en el Azuay; sin embargo, el mes anterior, la Agencia Nacional de Tránsito modificó el manual de requisitos para la matriculación vehicular que subrayaba que los únicos documentos que se exigirán son los que se estipulan en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo tanto “… los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben recaudar –las tasas creadas por ellos– de acuerdo a sus propios mecanismos y conforme a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad”.

Nueve heridos, siete de ellos policías, dejó el cierre temporal de las vías. Una medida que nos obliga a las precisiones y reflexiones del caso como, por ejemplo, por qué no incluir en el presupuesto general de la institución el dinero que se requiere para que la Cámara Provincial asuma la responsabilidad de mantenimiento vial integral, sin tener que crear tasas adicionales.

O sincerar las cuentas de la institución que hace gala de un derroche de dinero en otras competencias –dudosas competencias– que permiten una mayor exposición pública, como el festival de cine (dicen por allí que para el lanzamiento del evento de este año contratarán a Antonio Banderas). La realización de bailoterapias. La lujosa convocatoria de la derecha ecuatoriana a propósito de la rendición de cuentas. La picante rendición de cuentas semanal en espacios contratados en prensa, radio y televisión de toda la provincia, a los que se les denomina Ají.

El cobro de la tasa está vigente. Además, hay de por medio una declaratoria de emergencia vial en el Azuay. Por todo ello, la pregunta final que cabe es: ¿es necesario el enfrentamiento entre policías y manifestantes por una razón evidentemente forzada a mostrar una afección a las juntas parroquiales? ¿Existen realmente esas vías adecuadamente mantenidas por dicha tasa solidaria?

Todo parece que la fanesca busca no salir de la agenda, antes de que termine la Semana Santa. (O)