El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene mucho de seguro ni de social. Debido a que históricamente ha sido una institución politizada, y esto se ha exacerbado en tiempos de revolución, el ahorro de los trabajadores ecuatorianos corre peligro a largo plazo y su atención médica suele consistir en esperas bárbaras por un diagnóstico y recetas incompletas. Por ende, no es muy seguro. Tampoco tiene mucho de social considerando las muy palpables corrupción e indolencia que históricamente han plagado al manejo colectivo de la salud y de la seguridad social.

La seguridad social y la salud colectivizadas son el sueño de todo político. Pueden prometer el cielo en la tierra para los trabajadores y luego cuando llegue la hora de pagar la cuenta, le tocará a otro político –ya no al que ganó múltiples votos durante su época de promesas maravillosas– enfrentar los platos rotos de medidas irresponsables. Pasa que cuando un político logra permanecer en el poder más de ocho años, se da esa rara ocasión en que es a él mismo al que le toca enfrentar los verdaderos resultados de esas promesas sin asidero.

Veamos lo que ha pasado durante este último periodo de populismo con la seguridad social. Entre 2008 y 2014 la población de beneficiarios del IESS se triplicó al pasar de 2,7 millones a 8,9 millones y el gasto en salud se cuadruplicó al pasar de $ 474 millones a $ 1.787 millones. Todos celebraban esto. Parecía que el sueño se hacía realidad.

Pero ahora en el 2015 vemos titulares como ‘Correa se choca con la realidad del hospital (Teodoro Maldonado)’, ‘IESS enfrenta un 2015 con deudas por cobrar y pocos ingresos para salud’, ‘Emergencia en el hospital IESS destapa más irregularidades’, ‘Al IESS le faltan 339,1 millones para pagar pensiones este año’.

¿Qué pasó?

Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria Consultores, nos explica que “hay mucha política que está afectando el manejo del IESS”. Esto es endémico de los sistemas de seguridad social de reparto, en los que los beneficios están definidos, pero las contribuciones no. Ibarra agrega que un estudio actuarial, con corte al 2010, estableció que el seguro de pensiones iba a tener un desequilibrio en el 2050 o un déficit actuarial de $ 5.142 millones. Ibarra indica que si el Estado retira su financiamiento tradicional del 40% de las pensiones, ese déficit podría ascender a $ 70.000 millones. Estas cifras no consideran los cambios realizados en el 2010 que agravan la situación como los incrementos anuales, sin fundamento técnico, de hasta 16% en las pensiones o la afiliación gratuita de los hijos menores de 18 años.

Se están discutiendo reformas parches como cobrarle al Estado su deuda pendiente con el IESS, o incluso más adelante aumentar los aportes de los trabajadores o reducir los incrementos anuales de las pensiones. El problema de fondo es que los trabajadores no son realmente dueños de sus ahorros y no tienen la libertad para elegir cómo se gestionan, ni la capacidad de exigir una verdadera rendición de cuentas de quienes los manejan. Son clientes cautivos de un monopolio estatal. Lamentablemente, estando las cosas así, solo quienes ganan por encima de cierto nivel pueden contratarse un plan privado de ahorro para su vejez y un plan privado de seguro de salud, escapando de esta forma de un sistema así de inseguro y antisocial. (O)