El 2015 se vislumbra como un año clave y decisivo para la oposición en el Ecuador. No se trata de imaginar solamente posibilidades y desafíos electorales para el futuro, sino de generar los espacios de un nuevo balance de poder social y político que obligue al Gobierno a un manejo más democrático, tolerante y equilibrado del Estado y los asuntos públicos.

El inevitable ajuste económico, las mayores tensiones con las organizaciones y los movimientos sociales, y una creciente demanda ciudadana por un mayor ejercicio de sus derechos y libertades políticas, configuran el escenario de un posible cambio. La crisis económica será el principal desafío. No será fácil para el Gobierno justificar la existencia de un hueco fiscal de alrededor de 10 mil millones de dólares, equivalentes a casi el 30% del Presupuesto General del Estado para el 2015, después de años de prosperidad. ¿Dónde quedarán las promesas de mantener los avances revolucionarios con las cuales han justificado su deseo de eternizarse en el poder? Saltará finalmente a la luz pública el derroche con el que han manejado los recursos del Estado y su falta de previsibilidad. El Gobierno tendrá que ajustar el gasto público, el sector externo e intentará extraer mayores recursos al sector privado. Un triple ajuste que dejará a la economía sin fuentes para sustentar el crecimiento.

Las estrecheces económicas coincidirán con el creciente malestar de las organizaciones y movimientos sociales –sobre todo indígenas, sindicatos y colectivos ambientalistas– por el permanente maltrato y vulneración de sus derechos por parte de la revolución. El año 2015 arranca con los peores augurios si se lleva a cabo el desalojo de la Conaie del edificio donde ha operado durante más de 20 años. Los echan de su sede, de su espacio de reuniones, del lugar de capacitación, discusión, de encuentros y deliberaciones. Este inaceptable atropello, que ha merecido el rechazo de académicos, intelectuales y activistas de izquierda a nivel internacional, forma parte del sueño autoritario de la revolución: sentirse más segura en el poder mientras menos organizaciones sociales autónomas existan.

Finalmente, en el horizonte del 2015 emerge una presión ciudadana por ejercer sus derechos políticos de participación, expresión y opinión en todos los temas de trascendencia nacional. Esos derechos han sido conculcados y limitados por la revolución, desde el bloqueo a la consulta por el Yasuní, hasta la negativa a someter a pronunciamiento popular la reelección indefinida. Los dos son apenas los casos más grandes y visibles de una política que restringe el espacio ciudadano de ejercicio de los derechos políticos.

Crisis económica, malestar social y ejercicio de libertades políticas de los ciudadanos son los elementos donde se vislumbra la posibilidad de un nuevo balance del poder en el Ecuador. Ojalá existan la lucidez e inteligencia entre las múltiples oposiciones para reforzarse y complementarse, cada quien desde su espacio y lugar, en vez de dispersarse y fragmentarse. (O)