Han pasado pocas semanas desde que la Corte Internacional de Justicia en La Haya dictó su sentencia poniendo fin a la disputa que por décadas habían mantenido Perú y Chile respecto de su límite marítimo, que Chile se enfrenta a un nuevo escenario judicial internacional esta vez con respecto a la aspiración de Bolivia de tener una salida al océano Pacífico. Una aspiración que implicaría, en el planteamiento de Bolivia, que Chile renuncie a una franja de su territorio. Se trata de un territorio que pasó a Chile luego de la llamada Guerra del Pacífico y cuya extensión quedó plasmada en el tratado de 1904, tratado por el que Bolivia quedó sin salida al Pacífico.

La posición chilena ha sido siempre que ese tratado puso punto final al litigio que venía arrastrándose desde la época de la Independencia, y que llegó a su clímax con la mencionada guerra. Bolivia ha discrepado, y ha venido insistiendo en foros internacionales sobre su derecho a recuperar el territorio que perdió. Chile, por su parte, ha accedido en ocasiones a mantener conversaciones con La Paz para buscar una fórmula que permita a Bolivia una salida al Pacífico. Pero, en general, dichas conversaciones no han producido el resultado esperado por La Paz. Para complicar las cosas, el tratado involucra también a Perú.

Hace un año Bolivia introdujo un nuevo elemento a su política de presionar a Chile con una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. En ella Bolivia pide que la Corte declare que Chile ha estado y está obligada a negociar de buena fe, rápido y formalmente, con ella una salida al Pacífico; que Chile ha violado esa obligación; y que, en virtud de ello, le sea ordenado llevar a cabo dichas negociaciones hasta obtener su deseado resultado.

El sustento de Bolivia es una estipulación contenida en el Pacto de Bogotá de 1948 por la que las partes se obligan a resolver sus diferendos según el derecho internacional, incluyendo la jurisdicción de La Haya. La demanda boliviana es ciertamente de lo más original. Prácticamente busca que la Corte obligue a un Estado a renunciar la vigencia de un tratado, a negociar uno nuevo y que este último sea del agrado del demandante. La Corte carece de semejante poder.

Siguiendo su tradición, Chile ha abordado este asunto con el consenso de todas sus fuerzas políticas. Como un asunto de Estado, que tiene además un profundo significado nacional. En efecto, la semana pasada hubo en Santiago una reunión entre la recientemente electa presidenta Bachelet con todos los expresidentes para confirmar que frente a la aspiración boliviana, la posición de Chile es única: la vigencia del tratado de 1904, y que La Haya carece de competencia. La demanda de Bolivia, a diferencia de lo sucedido con el Perú, donde hubo un consenso interno en Chile a favor de ir a La Haya, podría endurecer a Chile. Bolivia debería seguir apostándole a la negociación. Probablemente le ayude abandonar su rígida visión de soberanía territorial por una más bien funcional.