Lo que parecía como problema circunscrito a Quito y Guayaquil, se convirtió en una suerte de marejada urbana de rechazo a los candidatos vinculados al Gobierno. Alianza PAIS perdió en lo que consideraba bastiones electorales en la Sierra, en las provincias amazónicas y en la provincia de El Oro. Hay varias lecturas posibles de la jornada electoral del 23 de febrero; desde mi punto de vista dos grandes explicaciones, una relacionada al rechazo de una parte significativa del electorado a prácticas de restricción de derechos de expresión, prensa y asociación y la creciente polarización política; y, una segunda, que se relaciona al centralismo gubernamental. Respecto a lo primero, son demasiado visibles los acontecimientos en Venezuela, los muertos y la represión; ello inclinó al electorado a manifestarse en contra de ese sendero y pedir rectificaciones. Bonil y el conflicto con los médicos fueron gotas que hicieron derramar el vaso. Enviaron los electores una señal poderosa pidiendo rectificación.

Pero hay otro tema subterráneo y profundo en la decisión electoral que tiene que ver con rechazo al centralismo en todas sus formas. Las provincias, municipios y juntas parroquiales son comunidades políticas, cada una con sus actores, su cultura política, sus coaliciones, sus prioridades de desarrollo y sus líderes. En cada una hay un sentido de identidad local, que siendo parte de la nación, tiene sus particularidades, sus sentidos comunes de lo que debe hacerse o no y personas y actores que los encarnan. Tres ejemplos son demostrativos de lo anterior: los prefectos reelectos, de Alianza PAIS en Tungurahua, Fernando Naranjo y de Pachakutik en Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe y el alcalde PSC-MG de Guayaquil, Jaime Nebot. Cada uno de ellos ha armado poderosas coaliciones en sus circunscripciones, de signo ideológico diferente y ha planteado modelos de desarrollo que tienen respaldo territorial. En cada caso, se apropiaron de los procesos de descentralización, se basan en la participación de la población, no esperaron el traspaso de competencias e impulsan procesos de desarrollo y prestación de servicios que han sido exitosos, desde el punto de vista de los ciudadanos. Todos ellos fueron reelegidos con amplias mayorías.

El modelo de desarrollo impulsado por el gobierno de la revolución ciudadana es uno que podría describirse como de comando y control centralizado. El plan nacional del Buen Vivir señala lo que hay que hacer en cada circunscripción territorial, para lo que ha establecido una serie de modalidades de organización territorial como las zonas de planificación, los distritos y los circuitos, todos ajenos a la división político administrativa del país. Las prioridades establecidas no han sido discutidas realmente con los actores locales. El traspaso de competencias está parado desde mucho antes de las elecciones y en muchos casos hay retrocesos. Las poblaciones locales y sus líderes sienten que decisiones fundamentales les son sustraídas. Y como se ha destacado, muchas de las autoridades locales de Alianza PAIS son vistas más como funcionarios del Gobierno nacional, ejecutores de decisiones tomadas a nivel central, que como representantes de sus circunscripciones.

Objetivos comunes para el país como reducción de la pobreza y la desigualdad o cambio de la matriz productiva son necesarios, pero los caminos para lograr estos y otros requieren admitir que nuestra sociedad es policromática y de múltiples voces y enfoques. ¿Es capaz el presidente Correa de devolver voz y decisión a las comunidades territoriales y construir un sentido colectivo que nos cobije, sin exclusiones? Estos siete años me empujan a ser escéptico.