El Ceaaces ha evaluado las universidades del país y lo ha hecho de acuerdo a un conjunto de criterios objetivos relacionados con las capacidades docentes y de investigación. Sobre esa base ha determinado una gradiente de calificaciones que permite a las universidades tener una ruta de mejoras y a los estudiantes determinar con mejores elementos de juicio los lugares donde quieren estudiar y comprender sus implicaciones laborales futuras. Me da la impresión de que al menos las que están calificadas en A son las mejores universidades del país.

Evaluar sobre criterios objetivos está bien. Me pregunto, sin embargo, quién evalúa los programas y proyectos gubernamentales y los califica para saber si están bien diseñados, si hay coherencia entre los objetivos propuestos, las metas, las metodologías y los recursos utilizados. También me gustaría saber cuánto están contribuyendo a los objetivos que se plantean, si están logrando, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación primaria, disminuir la desnutrición, lograr mayor conectividad, aumentar la productividad, promover los emprendimientos sostenibles y durables, por citar solo algunos programas y proyectos. Y ¿si lo están haciendo de la forma más eficiente posible en términos del uso de los recursos de los que disponen? Cuánto me gustaría tener un sistema de evaluación independiente que gradúe esos programas estatales en A, B, C o D.

No es que no se hagan evaluaciones y seguimiento a programas y proyectos, pero estos son de reducida ambición o realizados por parte de las mismas unidades a cargo de ejecutarlos. No hay, que yo sepa, un mecanismo nacional de evaluación de programas y proyectos estatales que permita compararlos y saber cuáles están haciendo muy bien las cosas, cuáles los hacen bien y cuáles los hacen mal. El solo medir si están gastando lo que ofrecieron gastar o si se están cumpliendo las metas es claramente insuficiente. Y eso parece ser exclusivamente el énfasis del Gobierno hasta ahora.

El establecer un mecanismo nacional de evaluación como lo tienen países como México, Chile o la Unión Europea me parece una forma adecuada de rendición de cuentas que cumple con los preceptos constitucionales. Hasta ahora ello se limita a eventos donde los funcionarios cuentan lo que hacen o a la sabatina, que en algunos casos permite saber si algo anda mal. Pero esos mecanismos no cumplen elementos centrales de toda evaluación, independencia entre quien evalúa y quien es evaluado, así como una metodología conocida previamente establecida, de cómo se evaluará.

Puedo, por ejemplo, sugerir que sean las universidades mejor calificadas del país que establezcan un mecanismo de evaluación de lo que el Gobierno hace. Ellos podrían proponer una metodología para hacerlo, disponer de recursos adecuados y entregar un informe anual de calificación a los programas y proyectos gubernamentales.

Esto serviría mucho para que el Gobierno ajuste sus programas y proyectos sobre la base de lo que esas evaluaciones establecen. Los ciudadanos también ganaríamos en conocer mejor cómo se usan los recursos públicos y si, más allá del discurso el Gobierno, se está logrando lo que se ha propuesto, a nuestro nombre y por nuestra delegación.

Claro, esto plantea un reto. ¿Es que el Gobierno y sus programas y proyectos están dispuestos a ser evaluados en forma independiente, de acuerdo con una metodología objetiva, sin interferencia política y sobre esa base corregir su accionar, si ello es lo que se recomienda?