Hace pocos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó dos sentencias contra el Estado ecuatoriano, por el cese de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los vocales del Tribunal Constitucional, en el año 2004. La CIDH considera que se irrespetaron la independencia judicial y el derecho de los jueces a que su separación responda a causales permitidas por la ley y en procesos que cumplan con todas las garantías.
El vicepresidente de la República, en calidad de presidente encargado, dio a conocer el sábado pasado que se aplicará el derecho de repetición establecido en la Constitución, por lo que lo que tenga que pagar el Estado se cobrará a quienes fueron responsables de esos hechos. Se refería al numeral 9 del artículo 11 de la Constitución, cuya aplicación marcaría un precedente, que quizás llevaría a evitar la ligereza en las acciones que privilegian las razones políticas y desconocen las disposiciones legales, con lo cual todas las arbitrariedades son posibles. Estaría bien que se ponga en práctica esa norma constitucional.
