Algo debe estar pasando dentro del gobierno para que cometa tantos errores sucesivos. Al contrario de la habilidad con que se ha movido durante más de seis años, en las últimas semanas ha dado pasos cargados de torpeza que en algún momento, aunque no de inmediato, le pueden pasar factura. Los resbalones comenzaron con el debate sobre la reelección, que puso en evidencia la gran debilidad que significa no contar con cuadros políticos de recambio para el nivel presidencial. Siguieron, casi al mismo tiempo, con la pugna por el puerto de Guayaquil, en la que terminó cediendo frente a la posición municipal. El resultado de ambos episodios fue la colocación de Jaime Nebot en un lugar privilegiado de la línea de partida para las elecciones del próximo año, a pesar de que antes de esos hechos parecía dispuesto a anunciar su retiro definitivo de la política. Las acciones del Gobierno consiguieron fortalecer a la única facción de la oposición que tiene alguna visibilidad y mucho peso simbólico.

En los días siguientes se produjo el anuncio de la explotación del petróleo en el Yasuní que, a pesar de que todo indica que era una decisión que estaba tomada hace muchos años, fue hecha de manera abrupta y sin trabajo previo. Solo después del anuncio presidencial vino la arremetida propagandística que, con un tono de justificación fatalista frente a lo inevitable, trata de explicar el viraje radical en este ámbito. Esta es no solamente la ruptura con los ecologistas infantiles, como ha sido presentada, sino el abandono de los principios plasmados en la Constitución y la negación absoluta de la propia posición que venía manteniendo hasta aquel jueves de agosto. La comparación entre lo que sostenía antes y lo que dice ahora sobre los recursos naturales, los pueblos no contactados y la biodiversidad parece provenir de personas diametralmente opuestas. Un cambio de esa magnitud tiene costo y deja huella.

La semana pasada continuaron los errores cuando el líder metió la mano –con guante, primero, y desnuda, después– en el conflicto de las comunidades indígenas amazónicas con la empresa Chevron. La transnacional petrolera venía buscando que esto sucediera, que el gobierno ecuatoriano se involucrara directamente para poder sostener que había interferencia política y que el juicio no había sido justo. Finalmente lo logró gracias a la respuesta hepática que vino desde las alturas. De aquí en adelante, el Gobierno será un actor en el conflicto aunque no participe directamente en el juicio. Era el objetivo de Chevron y se lo dieron en bandeja. De rebote, es imposible dejar de relacionar la imagen de la mano llena de petróleo con lo que puede suceder en el Yasuní. Por sí sola puede neutralizar toda la campaña propagandística.

Finalmente, en un acto inexplicable, el Gobierno retiró la demanda contra Colombia en el Tribunal de La Haya y aceptó un arreglo que significa el abandono de todas las reivindicaciones ecuatorianas, especialmente las de los habitantes de la zona fronteriza. Un broche enmohecido para cerrar la larga cadena de resbalones.