Si alguien se diera el trabajo de llevar la cuenta del número de cadenas nacionales sobre el consumo de drogas, emitidas desde que comenzó este mes, podríamos disponer de un parámetro para medir la metida de pata del Gobierno en ese tema. El bombardeo publicitario, que no es presentado como publicidad o propaganda y por tanto no se paga por su difusión, puede interpretarse como una medida responsable de prevención, pero también como una forma de enmendar un error que no se quiere confesar.

Todo comenzó con la Resolución 001-CD-2013 del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep), que establece las cantidades máximas que puede portar una persona. Según esa disposición, 10 gramos de marihuana, 1 de cocaína y cifras menores de heroína, éxtasis y anfetaminas pueden considerarse destinadas al consumo personal, lo que quiere decir que quien sea encontrado con cantidades similares o menores a esas deberá ser tratado como un adicto y no como un delincuente. En el fondo, lo que hace la resolución es poner en concreto lo que señala la Constitución en el artículo 364, cuando define   las adicciones como un problema de salud pública e impide la criminalización. Por lo tanto, hasta ahí todo bien.

¿En realidad, todo bien? No, no tanto, como se pudo ver por el decreto del ministro de Educación, que prohíbe el ingreso, tenencia, publicidad, incentivo, distribución y comercialización de esas sustancias en locales escolares y como lo prueba la misma cadena que se repite incansablemente en las emisoras. Ambas acciones buscan parar los efectos de la apresurada decisión del Consep, que en amplios sectores fue interpretada como una invitación al consumo abierto. Después, cuando esa percepción ya era de todos, alguien aclaró que era un indicador para los jueces y no un pase libre al mundo de los sueños. Está claro que los señores del Consep no midieron las consecuencias ni se detuvieron a pensar en los aspectos prácticos que demanda la aplicación de su resolución.

Es innegable la validez de lo establecido en la Constitución y es también positivo el establecimiento de límites a la tenencia de estupefacientes. Aún más, es correcta la despenalización del consumo y su tratamiento en el campo de la salud pública. Mirando más allá, es loable que se abra el debate sobre la legalización de las drogas cuando es evidente que las medidas guerreristas aplicadas hasta ahora han sido la mejor receta para que se expanda el consumo y el tráfico. Pero para comenzar a transitar por ese camino hay que comprender que se trata de un problema complejo y que tiene múltiples aristas. No es algo que se puede hacer con una medida aislada ni se agota en la buena voluntad.

El error está hecho. Enmendarlo con una cadena reiterativa que enfatiza en el drama personal resulta ingenuo e hipócrita. El decreto ministerial es mucho más franco y seguramente tendrá efectos palpables. Los dos, en conjunto, no hacen una política pública clara y eficiente. Son la confesión de la coexistencia de la pacatería con la novelería.