El pasado sábado, 20 de abril, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto en el que amplía la presencia de uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la infraestructura de servicios básicos.

Un día antes, Noboa había emitido el decreto 229 en el que dispuso un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública, el cual duraría 60 días.

En este se establecía con el objeto de garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica, así como una intervención urgente de las instituciones estatales para precautelar la provisión del servicio eléctrico.

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¿Hay toque de queda con el estado de excepción por la crisis energética en Ecuador?

El artículo 4 dispuso la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el país, con el fin de resguardar las instalaciones críticas de infraestructura energética “para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento”.

Justo sobre este punto el mandatario emitió el decreto 230 en el que ampliaba el artículo y disponía que se dé la movilización e intervención de la Policía y Fuerzas Armadas en el país para garantizar la seguridad y prevenir o contrarrestar cualquier actividad de grupos de delincuencia organizada o grupos armados organizados en contra de la infraestructura o personal “que garantiza la prestación de los servicios públicos básicos como agua potable o las telecomunicaciones”.

También se coordinará con los gobiernos autónomos descentralizados competentes las actividades para el cumplimiento del decreto y que se garantice la continuidad de los servicios públicos.

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Qué implica el nuevo estado de excepción decretado por Daniel Noboa debido a la emergencia en el sector eléctrico

Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo.

Tras intempestivos racionamientos el pasado domingo, Noboa encargó el martes la cartera de Energía al titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y ordenó una investigación ante sospechas de corrupción que afecta la producción de electricidad. (I)