“El país atraviesa enormes retos en las áreas de seguridad, empleo y finanzas. El pueblo ecuatoriano fue categórico con que necesitamos un cambio, y ese cambio no se lo puede lograr si no nos unimos”, subrayó el presidente Daniel Noboa en un mensaje a la nación de este 3 de enero, en el que recordó que está cumpliendo su promesa de convocar a consulta popular en sus primeros cien días de Gobierno.

Noboa dijo que esta consulta es clave para construir un nuevo Ecuador, un país “en el que se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo”.

“Esta consulta tiene tres claros objetivos: uno, la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia; dos, estamos cansados de que haya mayor protección para los delincuentes que para las fuerzas del orden, debemos proteger a quienes combaten a estas mafias y la consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los sentenciados tengan penas más altas y que las cumplan; y tres, promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas”, explicó.

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El mandatario instó a los ecuatorianos a compartir estas once preguntas con sus familiares, vecinos y amigos, y les recordó que “es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia con penas duras y firmes y crear nuevos empleos”.

“Unirnos es trabajar juntos para afrontar contundentemente estos retos”, dijo, y agradeció a la Asamblea Nacional por la aprobación de la ley económica urgente de empleo juvenil.

Mencionó también que hace dos semanas envió la ley urgente en materia energética, la que denomina “No más apagones”, que busca poner fin a la crisis que está enfrentando el país por la sequía, e instó a unirse para aprobar esta norma que busca inversión nacional e internacional y que generará empleo.

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No obstante, para que el presidente pueda disponer al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a consulta popular, “requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”, según establece el artículo 104 de la Constitución.

La Corte Constitucional (CC) escogió a la jueza Teresa Nuques Martínez como ponente de las preguntas de la consulta popular.

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La Corte tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre el pedido planteado por el presidente de la República, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Con la ponencia de Nuques, la CC deberá analizar si las preguntas cumplen parámetros constitucionales. Además, deberá definir si deben ser tramitadas a través de una consulta popular o requieren una enmienda o reforma constitucional.

El proyecto de dictamen será sometido a votación de los nueve jueces que integran el pleno de la CC.

Si la resolución del organismo es favorable, el mandatario podrá emitir el decreto ejecutivo correspondiente, con el cual dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones.

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Son once las preguntas que propone el presidente Noboa. Estas se refieren a temas de seguridad, principalmente, y plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio.

Preguntas de la consulta popular de Daniel Noboa

  • ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1?
  • ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
  • ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de (I) terrorismo y su financiación, (II) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (III) delincuencia organizada, (IV) asesinato, (V) sicariato, (VI) trata de personas, (VII) secuestro extorsivo, (VIII) tráfico de armas, (IX) lavado de activos y (X) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4?
  • ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6?
  • ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el anexo de la pregunta 8?
  • ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el anexo de la pregunta 9?
  • ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el anexo de la pregunta 10?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11?