Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores: ‘La impunidad es uno de los factores que alimenta el círculo de violencia que vive Colombia’

En Colombia, entre enero y junio defensoras y defensores de derechos humanos sufrieron 524 agresiones; 58 fueron asesinados. De esos ataques, el 41,6 % se cometieron en el marco del paro nacional que vivió el país a fines de abril. Lourdes Castro, coordinadora del Programa Somos Defensores, reconocida organización no gubernamental, dice que esas cifras evidencian que durante las protestas el país pasó de vivir la violencia selectiva, frecuente contra los liderazgos sociales, a una violencia generalizada.

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Han pasado cinco años de la firma del acuerdo de paz. ¿Se podría decir que ha habido un retroceso en este tema en Colombia?

Desafortunadamente sí, la falta de implementación del acuerdo de paz, por falta de voluntad política para implementarlo, ha llevado a una reconfiguración de la violencia en los territorios y eso conlleva a que los los liderazgos sociales sigan siendo agredidos. No hay garantías en Colombia para que el derecho al defender los derechos humanos se pueda realizar en entornos propicios y seguros.

¿Cómo vivió Colombia el paro nacional respecto a la violencia? ¿Qué tipo de ataques e incidentes se presentaron?

Nosotros en el informe registramos 524 agresiones durante el primer semestre del año, de las cuales el 41,6 % se cometieron en el marco del paro nacional. Eso nos evidencia que durante el paro pasamos de una violencia selectiva, que es la que vivimos contra los liderazgos sociales, a una violencia generalizada. Hubo un aumento en las amenazas, detenciones arbitrarias, robos de información, hubo un incremento sustancial de atentados que llevan posibilidades de intencionalidad de un asesinato y además, algo que no se había dado en informes anteriores, registramos dos agresiones sexuales a lideresas sociales en el marco del paro.

Han pasado cerca de cinco meses del paro nacional. Ustedes mencionan que la gente sigue manifestándose, ¿qué exigen los colombianos y dónde?

Después de la intensidad de la protesta, la represión, la violencia y el abuso excesivo de la fuerza, diríamos que la protesta ha menguado, pero esto no quiere decir que la intención de muchos sectores sociales no sea seguir clamando en las calles por sus derechos. El martes que lanzamos el informe había una convocatoria nuevamente del Comité del Paro Nacional. Colombia y muchos países de la región están viviendo un ascenso de la protesta social que tiene que ver con el cierre de espacios cívicos, democráticos. Sin duda hemos pasado una jornada muy violenta, pero que marca también una conciencia en la sociedad de que hay que cambiar muchas cosas que puede que no sea ahora, pero las protestas van a seguir porque Colombia está exigiendo un cambio.

En el informe se habla de posturas cuestionables del Gobierno nacional para detener a grupos armados, ¿cuáles son?

Una de las cosas preocupantes que se registran el informe es lo que llamamos el anilineamiento de los órganos de control investigación a las posturas del Gobierno. Estos órganos dejaron de cumplir su papel de ser independientes e imparciales y la democracia va en caída libre, estamos viviendo un espacio de cierre de la democracia, de cierre de un Estado que tiende más hacia un Estado autoritario que democrático. El reclamo de la gente en las protestas es la profundización de la democracia con escenarios participativos.

Ante las masacres y agresiones contra los defensores de derechos humanos, ¿cómo está interviniendo el Estado o cómo se busca hacer justicia?

Lo que vemos es justamente es que para nosotros la impunidad de las agresiones contra los liderazgos, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el territorio, es uno de los factores determinantes que alimenta el círculo de violencia. Mientras exista una impunidad tan alta, la violencia va a seguir existiendo porque nunca se va a saber quiénes son los responsables y, cuando hablamos de responsables, no solo son los responsables materiales, es decir quién aprieta el gatillo, si no los que están detrás. En la coyuntura del informe es bastante ilustrativo que en 35,1 % las agresiones cometidas contra las personas defensoras de derechos humanos son imputables a la fuerza pública, lo que cambia en la tendencia. Veníamos de una tendencia en donde, por la complejidad de las configuraciones de violencia en Colombia, los autores son desconocidos, sin embargo, en este periodo las agresiones son imputables a la fuerza pública.

¿Qué políticas considera qué hacen falta en el país para frenar la violencia en los territorios y dar garantías a las comunidades y los defensores de derechos humanos?

Nosotros siempre hemos considerado y hemos defendido que el acuerdo de paz en el punto 3.4 de garantías de seguridad para excombatientes, comunidades y organizaciones en el territorio concedió una serie de herramientas que podrían contribuir a mejorar la situación y hacer las bases de la construcción de una política de garantías para la defensa de los derechos humanos, desgraciadamente ese punto el acuerdo no ha sido suficientemente implementado y eso nos lleva a una situación de violencia contra los liderazgos sociales como la que vivimos en Colombia. La implementación de ese punto del acuerdo nosotros lo consideramos como una piedra angular fundamental para revertir esta situación de violencia.

Para que esto se pueda revertir, ¿qué expectativas hay sobre que la situación cambie con el nuevo gobierno que resulte de las elecciones del 2022?

En el lanzamiento del informe hablamos de eso, esperamos que los candidatos y candidatas entiendan que no podemos seguir naturalizando Ia violencia contra los liderazgos sociales, que son una parte fundamental de la democracia que son los que construyen el tejido social, desde las comunidades y desde la base. Los candidatos y candidatas, en las próximas elecciones, tienen que hacer compromisos concretos para que esta situación cambie y ojalá en sintonía con los postulados en el acuerdo de paz.

¿Hay temor que la campaña electoral que se aproxima pueda desatar una ola de violencia electoral, además de la que ya existe?

Sí, uno de los principales temores que tenemos es que en este segundo semestre la violencia selectiva vuelva a abundar, porque en periodos pasados es lo que hemos constatado. Es importante que la comunidad esté atenta no solamente a las elecciones presidenciales, si no también a la de las Circunscripciones Transitorias Especiales de paz porque para estas personas hay un alto riesgo de vulnerabilidad durante la campaña electoral. (I)